El PP ordena mantener la denuncia en la Fiscalía contra Iglesias y Narbona por mentir en la comisión de investigación

El PP tiene previsto llevar a la Fiscalía su informe de conclusiones de la comisión de investigación del Senado sobre financiación de partidos políticos donde señala que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, podrían haber cometido un delito de falso testimonio por mentir en este tipo de comparecencias, algo que está prohibido por ley y penado con hasta un año de prisión.

Así lo aseguran fuentes de la dirección del PP después de que este jueves, en un giro de última hora, prácticamente en el descuento, el Grupo Popular en el Senado haya solicitado que no se someta a votación este informe de conclusiones. Un documento, desvelado en exclusiva por OKDIARIO este miércoles, con el que la Cámara Alta iba a pedir a la Fiscalía que abriera diligencias por delito de falso testimonio (penado con hasta un año de cárcel) contra Iglesias, Narbona y Cuadrado.

Fuentes populares consultadas por OKDIARIO, y así lo publicó este periódico ya el miércoles, daban por seguro que este informe de conclusiones sería aprobado este jueves con todo el carácter oficial del Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta. Tales fuentes explicaron a este medio que el reglamento de la Cámara Alta, a diferencia del que posee el Congreso de los Diputados, no exige que las conclusiones de una comisión de investigación sean aprobadas por el Pleno.

Teniendo en cuenta que ya no hay más Plenos en el Senado y que el próximo martes se disuelven las Cortes por el adelanto electoral del 28 de abril, el plan del Grupo Popular era que hoy saliera aprobado del Senado con plena vigencia su informe de conclusiones. Casi dos años de trabajos, más de 60 comparecencias, cientos de documentos analizados y el objetivo de poder llevar a término una comisión de investigación, algo que no ocurría desde hacía 30 años en el Senado.

La mentira de Iglesias

Además, basta con leer el texto que registraron por populares para constatar que su pretensión era poner en conocimiento de la Fiscalía, tras aprobarlo la Cámara, las falsedades de Iglesias, Narbona y Cuadrado. El primero negó haber trabajado para Venezuela, la segunda mintió sobre los contratos de Acuamed y el tercero mantuvo que no tenía ningún proceso judicial abierto referido a “actividad empresarial privada”, cuando sí lo tenía.

El cierre sin conclusiones de la Comisión del Congreso sobre la financiación del PP precipitó el giro de última hora en el Senado

Sin embargo, la Comisión de investigación, a la que no asisten PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos, PNV ni los separatistas catalanes, ha celebrado su última sesión sin aprobar el informe, cuando éste era el objeto del orden del día para el que se había convocado la misma.

Ni Cosidó ni Rajoy

¿Qué ha pasado en las últimas horas para que se produzca tan drástico cambio de parecer? En la decisión de los populares, tomada en la tarde de ayer ha pesado especialmente, según las fuentes citadas, un hecho que se produjo el martes: el cierre sin conclusiones de la Comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP que arrancó en el Congreso de los Diputados en mayo de 2017. Este cierre fue posible gracias a la posición del PSOE, que se alineó con el PP y al final no forzó la comparecencia del ex presidente Mariano Rajoy.

En una mecánica de presión sobre acusaciones cruzadas de financiación irregular, los populares constituyeron la comisión del Senado para analizar las cuentas de los otros partidos, a raíz de que éstos, con el PSOE al frente y de la mano de Podemos y Ciudadanos, establecieran un cerco parlamentario a los populares a través dicha comisión sobre la supuesta caja B.

Ahora, tras ver que esta comisión de la Cámara Baja se ha cerrado sin conclusiones y sin otras comparecencias (como la de Rajoy o el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó), por falta de tiempo debido al anticipo electoral del 28 de abril, los populares han optado por retirar las suyas en el Congreso, que sí habría salido adelante este jueves por la mayoría absoluta del PP.

«Rigor y seriedad»

El propio portavoz del PP en esta Comisión del Senado, Luis Aznar, ha subrayado este jueves que «nuestro esfuerzo aquí se ha realizado al margen de la Comisión de investigación que se ha seguido en el Congreso y ese rigor y seriedad debía tener un reflejo». Además, el senador ha apuntado que para que las conclusiones fuese completas todavía faltaba por estudiar más documentación requerida a terceros, así como indagar en las cuentas de PNV y PDeCAT, como tenían previsto.

Con todo, en la dirección popular sí ven recorrido al falso testimonio que podrían haber cometido Iglesias, Narbona y Cuadrado, y por eso lo llevará a título de partido (ya no será el Senado quien lo haga) a la Fiscalía. Una vez reciba la documentación, el Ministerio Público abrirá diligencias contra estos implicados o dará carpetazo a la misma.

El Grupo Popular tiene preparada, por lo tanto, documentación donde se plasma que “se han detectado varios episodios en los que se podría haber faltado a la verdad, contraviniendo las estipulaciones legales que obligan a la veracidad del testimonio de los comparecientes en este tipo de comisiones parlamentarias, y pudiendo incurrir en las penas previstas en el artículo 502.3 del Código Penal”. Este precepto, subraya el PP, señala que “el que convocado ante una comisión de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

Los populares señalan al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en las declaraciones de la sesión del 13 de diciembre de 2018 donde afirmó que “no había trabajado nunca para el régimen de Venezuela”. En cambio, recuerdan la “contundencia de declaraciones como las del ex ministro venezolano Rafael Isea, firmante de estos pagos (a la fundación Ceps)”, quien afirmó “tener conocimiento de que el presidente Hugo Chávez habría aprobado el pago de varios millones de euros a estas personas por los servicios prestados entre los años 2008 y 2011″.

El caso Acuamed

Por su parte, la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, afirmó en la sesión del 26 de junio de 2018 que “la Intervención General del Estado no encontró ningún problema en ninguno de los contratos de ACUAMED durante su etapa al frente del ministerio” de Medio Ambiente en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Nada más lejos de la realidad, puesto que, tal y como publicó OKDIARIO, el informe del Interventor sobre los contratos realizados por Acuamed entre 2006 y 2008 establecía que el 95% de ellos no estaban justificados por el objeto y actividad de la empresa pública. Los populares creen que el caso Acuamed, donde la Justicia investiga el desvío de 21 millones para financiar ilegalmente al PSOE, todavía tiene amplio recorrido en los tribunales.

En cuanto al secretario de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, aseguró el 13 de julio de 2017 que “no tenía ningún proceso judicial abierta en la fecha de su comparecencia”. En cambio, el PP ya enfatizó en la Comisión que Cuadrado mantenía tres procesos judiciales abiertos en Brasil, algo que desde C’s remontaron a asuntos anteriores a su responsabilidad en el partido y referidos a su “actividad empresarial privada”.