El PP carga contra Vara tras desvelar OKDIARIO que no perseguirá a UGT y CCOO por los fondos de formación

Guillermo Fernández Vara Garzón
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.
Carlos Cuesta

OKDIARIO desvelaba este pasado martes que la Junta de Extremadura en manos del PSOE ha decidido dejar de pelear por la devolución del dinero defraudado en los cursos de formación en este comunidad autónoma. Lo ha hecho abandonando la acusación contra UGT y CCOO en una escándalo millonario que ha provocado una fuerte pérdida de dinero público a las arcas del Gobierno regional. El vicesecretario de Organización del Partido Popular de Extremadura, Juan Parejo, ha confirmado ya que el Grupo Parlamentario Popular exige la comparecencia “urgente” de la consejera de Educación y Empleo en la Asamblea para que explique “por qué” el Ejecutivo autonómico de Fernández Vara “se ha retirado de la causa por el presunto fraude de los cursos de formación”.

De este modo, y tras confirmarse la decisión de la Junta de Extremadura de “quitarse de en medio” en el proceso judicial abierto, Parejo ha señalado que se trata de un hecho que “nos deja estupefactos, perplejos y sorprendidos” ya que supone “la renuncia” del Ejecutivo de Fernández Vara “a defender los intereses y el dinero público de todos los extremeños”.

El vicesecretario de Organización popular ha manifestado que el Gobierno socialista llega a afirmar en su escrito de retirada que “no ha existido perjuicio alguno para las arcas públicas” algo que ha calificado como “vergonzoso y muy grave” y ha señalado que la sociedad extremeña está “indignada”. Parejo ha recordado que el presunto fraude en los cursos de formación fue investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que la Fiscalía Anticorrupción denunció el cobro de manera fraudulenta de al menos 2,4 millones de euros en subvenciones para la formación de desempleados. Los ‘populares’, de hecho, sostienen que, de ampliarse la investigación a fechas previas, el robo puede alcanzar los 100 millones de euros.

Ante esta situación, Parejo ha anunciado que el PP va a estudiar cuantas acciones sean posibles para evitar este hecho “vergonzoso” y ha lamentado que la Junta “respalde presuntas acciones delictivas”, algo que se suma a la preocupación que ya existía por el aumento de un 300% de las subvenciones destinadas a los sindicatos, que la Junta aprobó en pleno estado de alarma, con lo que, a su juicio, se explica “la afonía sindical” vista en los últimos meses en la región.

El proceso continúa

Y es que, tal y como adelantaba OKDIARIO, y pese a que el proceso judicial continúa contra UGT y CCOO, los socialistas de Fernández Vara han decidido abandonar la acusación popular para favorecer los intereses de dos de sus principales brazos de movilización social, los dos principales sindicatos.

El escrito de la Abogacía General de la Junta de Extremadura señala, en consecuencia, que “el Secretario General del Servicio Extremeño de Empleo ha dictado Resolución con fecha 3 de diciembre de 2019 (que ya obra en autos). En la misma se acuerda, en base a las consideraciones jurídicas que se contienen en la misma, declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención percibida y el abono del tercer pago pendiente de la subvención”. Esa subvención iba destinada a los dos grandes sindicatos citados.

Y con ese argumento, el Gobierno de Extremadura ha dado orden de considerar perdido el importe y de dejar de pelear, uno, por su devolución, y, dos, por el castigo a los autores del fraude.

El escrito señala, en consecuencia, que “a la vista de lo anterior, la Consejería competente considera que no existe perjuicio alguno para la Hacienda Pública Autonómica, por lo que señala que no procede que la Junta de Extremadura continúe ejerciendo la acción penal como perjudicada”.
“En este sentido, por la Consejería competente se ha ordenado expresamente a esta Abogacía que proceda a apartarse de la presente causa”, concluye. Por lo que “en virtud de cuanto antecede, y en base a las instrucciones recibidas de la superioridad, suplica al Juzgado, que tenga por presentado este escrito, por formuladas las alegaciones precedentes y por apartada a la Junta de Extremadura del proceso penal identificado en el encabezamiento”.

Y así acaba la supuesta persecución del fraude en los cursos de formación andaluces por parte del PSOE. Una persecución que, en realidad, nunca fue tal.

Hay que recordar que este caso reviste una elevada gravedad. La Fiscalía llegó a solicitar la paralización de la entrega del resto de subvenciones ligadas a los proyectos de formación presentados por los dos grandes sindicatos ante las evidencia del latrocinio.

La acusación popular del PP considera que el volumen defraudado puede haberse amasado a lo largo de décadas y que su cuantía difícilmente quedará por debajo de los 100 millones de euros. Y esa magnitud y dimensión es precisamente la que justificó que la Fiscalía solicitara poner a salvo, cuanto menos, las subvenciones aún no abonados a CCOO y UGT.

El escrito del Ministerio Público constató las evidencias de delito en el comportamiento de los sindicatos hermanos del PSOE (UGT) y de IU -ahora apadrinado por Podemos- (CCOO). “Respecto a las entidades beneficiarias UGT Extremadura y Comisiones Obreras Extremadura se observa que la mayor parte de los hechos investigados habrían sido cometidos presuntamente” con la participación de entramados comandados por “las entidades IFES Extremadura (UGT) y Forem Extremadura (CCOO)”, concluyó la Fiscalía.

Los hechos relatados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la Fiscalía reflejaron hace ya más de medio año que CCOO y UGT participaron en un latrocinio de los fondos de formación regionales. Ambos sindicatos, igualmente utilizaron redes de sociedades interpuestas para camuflar las prácticas y disparar el lucro provocado por el inflado sistemático de facturas.

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