El PNV apoyó el decreto pro-okupas de Sánchez tras defender al propietario en el Congreso hace 3 meses
Esteban afirmó en octubre que los dueños temen "no poder recuperar la vivienda cuando tengan impagos"
Los nacionalistas vascos se alinearon el miércoles con Ejecutivo por la cesión de un palacete del Estado en París
El PNV apoyó el pasado miércoles el decreto ómnibus del Gobierno de Pedro Sánchez que amparaba la okupación y la inquiokupación pese a defender a los propietarios en el Pleno del Congreso en una sesión parlamentaria celebrada hace sólo tres meses. Los nacionalistas vascos consiguieron introducir en dicho decreto, un cajón de sastre de medidas variopintas, la cesión por parte del Estado de un palacete -sede del Instituto Cervantes- en París y otros dos inmuebles ubicados en Francia. Por ello, el PNV votó a favor del decreto que, sin embargo, fue derogado por la mayoría del Pleno.
Poco importó a los socios del PSOE en el País Vasco y en la gobernabilidad de la Nación que ese decreto diera protección a los okupas y los inquiokupas frente a los propietarios. Un hecho que llama la atención teniendo en cuenta que el propio portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, defendió a este último colectivo en una sesión de control al Gobierno celebrada el 16 de octubre de 2024.
En aquella jornada, Esteban apremió a Pedro Sánchez a enfrentar el «problema» de la vivienda, también en lo referente a las inquiokupaciones. En este sentido, alertó de que «los propietarios tienen miedo, tienen miedo de que cuando tengan impagos no vayan a poder recuperar la vivienda en años, en mucho tiempo. Y la vulnerabilidad de los inquilinos hay que atenderla, pero no pueden ser el escudo social, a costa de la economía del propietario, porque eso retrae la oferta», manifestó Esteban. Asimismo, señaló que «las consecuencias están en que a los colectivos más vulnerables es a los que menos se les va a alquilar».
Sin embargo, el decreto ómnibus que apoyaron Esteban y los suyos el pasado miércoles en el Congreso iba justo en la línea contraria, pues obligaba a los propietarios a «seguir pagando de su bolsillo los gastos de su vivienda ocupada con la imposibilidad de recuperar su vivienda», como denunció el PP.
Se da la circunstancia de que la legislación impulsada por la Administración Sánchez ha venido favoreciendo la inquiokupación, al definir como vulnerables a quienes ingresan hasta 1.800 euros al mes, una cuantía que se incrementa por hijos o dependientes a cargo hasta los 3.000 euros. Ello explica que los propietarios lleguen a exigir a los inquilinos nóminas de hasta 2.000 euros (pues quienes cobran hasta 1.800 pueden declararse vulnerables con arreglo a la ley) y fianzas de hasta 4.000 euros.
El amparo gubernamental al inquiokupa hunde sus raíces en el real decreto 11/2020 (el PNV se abstuvo aquí) para paliar las consecuencias de la crisis del Covid, algunas de cuyas medidas se han ido prorrogando en sucesivos reales decretos y recogido, en lo que respecta a los grandes tenedores, en la Ley de Vivienda de 2023. Concretamente, la disposición final quinta de dicha norma inadmite las demandas de los grandes tenedores que quieran recuperar una vivienda si en ésta vive una persona vulnerable.
La derogación del decreto ómnibus con el que Sánchez pretendía prorrogar hasta finales de 2025 el citado RD 11/2020 que suspendía los procedimientos de desahucio de inquiokupas -y de okupas, pues también preveía la suspensión aunque el inquilino no tuviera título habilitante- posibilita ahora que los propietarios afectados puedan ir al juzgado y reclamar que se alce la suspensión de sus procesos. También la caída del polémico decreto permitirá que bien se celebre el juicio correspondiente, o bien se ejecute el correspondiente lanzamiento.
No obstante, en este nuevo escenario, las asociaciones de damnificados que llevan 5 años sufriendo los efectos de un real decreto que «legalizaba de facto» la okupación y la inquiokupación, no las tienen todas consigo, pues sospechan que el Gobierno de Sánchez tratará de prolongar el «vía crucis» de los propietarios recurriendo a «algún tipo de argucia legal», señalan las fuentes consultadas.
Confianza
Entre tanto, el PP ha denunciado en esta semana que el fenómeno de la okupación, tolerado por el Gobierno, «ha sacado del mercado más de 80.000 viviendas» en un país «donde el déficit de viviendas se cifra en 600.000».
Precisamente, el partido de Alberto Núñez Feijóo sacó adelante en el Senado una ley antiokupación, pero el texto se encuentra ahora mismo bloqueado por la Mesa del Congreso que preside la socialista Francina Armengol. El PP critica que el órgano de gobierno de la Cámara, controlado por PSOE y Sumar, se niega a poner en consideración esta proposición de ley «por miedo a otro fracaso legislativo del Gobierno».
Para los populares, es fundamental y urgente reconstruir la relación de confianza entre los propietarios y los inquilinos. «Sin confianza, no hay mercado que funcione; y con este Gobierno, el mercado del alquiler está roto». En cambio, «con un Ejecutivo del PP, será un espacio seguro para propietarios e inquilinos», sostienen desde el principal partido de la oposición.
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