Iglesias impone una ley de protección a la infancia tras dar voz a las ‘secuestraniños’

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha aprovechado una comparecencia en el Congreso solicitada por la oposición sobre su nefasta gestión de las residencias de mayores durante la crisis del coronavirus para desviar la atención con un anuncio, la aprobación en Consejo de Ministros el próximo martes de una ley de protección a la infancia. Y ello, pese a que el partido de Iglesias tuvo asesoramiento en esta materia en la pasada legislatura por varias integrantes de la asociación Infancia Libre que se dedicaban a retirar la custodia a los padres llegando al retener a sus hijos en condiciones insanas, como denunció la Policía.

«Esta ley estaba llamada a ser el primer proyecto que sacara adelante esta vicepresidencia, pero su aprobación se vio interrumpida por la llegada de la pandemia», ha señalado Iglesias en la Cámara baja, donde ha subrayado que le «llena de orgullo» poder impulsarla desde su departamento de Derechos Sociales.

Sin embargo, siendo Iglesias presidente del Grupo Parlamentario de Podemos en la pasada legislatura, los morados se asesoraron en esta cuestión con personas que luego fueron detenidas por la Policía por retención de sus hijos e incluso las invitaron a comparecer en el Congreso. Fue el caso de María Sevilla, presidenta entonces de Infancia Libre.

Tal y como publicó OKDIARIO, cuando la Policía detuvo a Sevilla detectó que el niño y su hermana vivían recluidos en la vivienda de una finca, de unos 6.000 metros cuadrados, que se encontraba totalmente vallada y asilada. Mientras el primero estaba sin escolarizar, la niña también se comportó en el momento del arresto de la madre como si llevase tiempo aislada, llegando a olisquear a los agentes.

María Sevilla colaboró con el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en temas de protección a la infancia y erradicación del abuso sexual infantil en la pasada legislatura. A instancia de la formación morada, compareció por ejemplo el 14 de marzo de 2017 en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso.

Por su parte, Pablo Iglesias ha sostenido este jueves que «la aprobación de esta ley no sólo va a contribuir a frenar la reproducción de una realidad execrable, como es el maltrato y la violencia contra niños, sino que también va a ayudar a prevenir muchas de las peores consecuencias físicas, emocionales y psicológicas», como las sufridas por los hijos de las integrantes de Infancia Libre detenidas.

Denuncias

Según ha adelantado Pablo Iglesias, la futura norma establecerá «el deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores», poniendo así en cuestión desde el inicio del procedimiento la presunción de inocencia del denunciado. Algo que ya sucede con la polémica ley de violencia de género.

«Es una ley que está diseñada para implicar al conjunto de la sociedad en la respuesta frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia, tratando de revertir la invisibilización de este tipo de situaciones que se encuentra muchas veces detrás de su propia reproducción», ha enfatizado Iglesias.

Además, el Gobierno quiere crear una nueva figura, la del «coordinador de bienestar y protección» en los colegios, donde se establecerán protocolos de actuación frente a indicios de «acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia».

Iglesias también ha apuntado que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores «no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años», al tiempo que ha indicado que se crearían «unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad».

Sin negociar antes

Tras su exposición, los socios del Gobierno como el diputado de Junts per Catalunya (JuntsxCat) Genís Boadella han criticado a Iglesias que no haya negociado el texto antes con los grupos parlamentarios y le han preguntado si el Ejecutivo va a recurrir una vez más al real decreto-ley en lugar de que sean los grupos que lo conforman, PSOE y Podemos, quienes lleven el texto al Congreso como proposición de ley. Ante ello, Iglesias ha esgrimido que lo suyo es un «Gobierno parlamentario», dando a entender que si fuera presentado como real decreto-ley se tramitaría como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia para que el resto del hemiciclo pueda introducir enmiendas. No obstante, el Ejecutivo también puede optar por su aprobación y remisión a las Cortes como proyecto de ley.

Hasta cuatro personas de la asociación Infancia Libre fueron llevadas ante la Justicia por el secuestro de sus hijos: María Sevilla, Patricia González, Ana Bayo y Rocío de la Osa Ibáñez. Las dos primeras mantuvieron relación con el grupo parlamentario de Iglesias en tareas de asesoría.