Murcia agota el plazo y no retira el ‘pin parental’: el Gobierno lo recurrirá ahora vía judicial

Murcia agota el plazo y no retira el ‘pin parental’: el Gobierno lo recurrirá ahora vía judicial
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante una visita a un colegio. Foto: EP

El plazo que el Gobierno socialcomunista había dado a Murcia para que retirase el polémico ‘pin parental’ ha acabado. El Ministerio de Educación había presentado un requerimiento contra la medida, promovida por Vox e implantada a principios de curso por PP y Ciudadanos,  pero la Consejería de Educación y Cultura no lo ha atendido.

La ministra Isabel Celaá ha amenazado en varias ocasiones al Gobierno murciano. Si no retiraban el ‘pin parental’, el Ministerio solicitará en los tribunales su suspensión cautelar. La medida permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en los centros educativos.

Los servicios jurídicos del Ministerio ya preparan el recurso que se presentaría «en pocos días» ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por la vía-contencioso administrativa, señalan fuentes del departamento.

«No se está litigando con Murcia, el Ministerio tiene la obligación de garantizar el derecho de los menores a la educación», añaden estas fuentes, en la misma línea del discurso defendido por Celaá desde que anunció, el pasado 16 de enero, que llevaría a los tribunales cualquier iniciativa «dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado».

«No lo vamos a tolerar», dijo entonces Celaá, que al día siguiente, el 17 de enero, remitió a la Consejería de Educación de Murcia el requerimiento para que procediera a retirar, en el plazo de un mes, de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso el ‘pin parental’.

En concreto, aquellas instrucciones establecían que se diera «conocimiento a las familias» de «las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular» y son impartidas por personal ajeno al centro educativo, «con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades».

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