Moncloa negocia ya directamente con Puigdemont para resolver el desafío independentista
Moncloa no ha ceñido su radio de conversación exclusivamente a Quim Torra. Los contactos del Gobierno han llegado ya directamente hasta Carles Puigdemont para buscar una salida a lo que en Moncloa se define como el “problema catalán” y que no es sino el desafío a la Constitución que mantienen a pleno rendimiento los partidos golpistas catalanes.
Desde Moncloa se han establecido ya rutas de conversación hasta el fugado de la Justicia con residencia en Waterloo, según fuentes conocedoras de estos contactos. Y “los enviados del Gobierno han abierto esta ruta con todas las consecuencias. Porque evidentemente todo el mundo sabe que abrir esta vía significa estar dispuesto a hablar del tratamiento penitenciario futuro de Puigdemont y del resto de procesados por el 1-O”, señala esa misma fuente.
Los contactos se han mantenido en las últimas semanas. Justo en las fechas previas a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya lanzado una de sus últimas declaraciones bomba: en la que ha asegurado, este mismo domingo, que el Ejecutivo se propone “dejar la vía judicial y empezar a habla de política” en Cataluña para tratar de “tender puentes” con la Generalitat de Quim Torra.
El presidente ha lanzado esta afirmación en una comparencia de prensa en Canadá junto al primer ministro de este país, Justin Trudeau. Es decir, que lo ha hecho en el ámbito internacional en el que la Generalitat quiere que se dirima este asunto para, de ese modo, sumar presión internacional contra la defensa de la Constitución. Y Sánchez lo ha hecho, además, sin la más mínima rebaja por parte de los golpistas de sus aspiraciones.
“El Gobierno tiene una hoja de ruta clara que, si tiene un objetivo, es resolver desde la política un conflicto político, y que lo vamos a hacer desde la ley y el diálogo”, ha enfatizado Sánchez.
Apoyo para los Presupuestos
Por otra parte, Sánchez sabe que necesita los votos del PDeCAT y de ERC para sacar adelante sus presupuestos de 2019. Y, por el momento, ERC ya le ha dejado muy claro que no pactará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 si la fiscal general del Estado no retira la acusación del delito de rebelión contra los presos golpistas.
“Cataluña será su tumba política si no profundiza en la búsqueda de una solución”, advirtió el pasado miércoles Joan Tardà al presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso. “Si no insta a la Fiscalía General del Estado a retirar la acusación de rebelión, ¿cómo será posible pactar los presupuestos? Casi, casi, es un imposible”, añadió Tardà.
Por todo ello, el Gobierno ha incrementado los contactos con PDeCAT y ha decidido saltar ya directamente hasta el fugado de la Justicia.
Puigdemont exige al Gobierno una solución que recorte su estancia en prisión
Pero con un grave problema. Y es que los condicionantes de Puigdemont para ceder son conocidos. El primero es la búsqueda de una solución asumible para él y el resto de golpistas en cuanto a su situación procesal. Porque todos ellos saben que van a ser condenados con plenas probabilidades. Y pretenden que el Gobierno busque una solución que recorte su estancia en prisión. Eso puede pasar por una traslado de la competencia penitenciaria plena a Cataluña de forma que sea la propia Generalitat la que les aplique todos los beneficios penitenciarios de una forma urgente. Una cuestión que el Gobierno de Sánchez no ve imposible. Más bien todo lo contrario.
El segundo condicionante afecta directamente al referéndum ilegal y el proceso de ruptura con España. En ese aspecto, Puigdemont busca un referéndum consentido. Y Sánchez estaría dispuesto a aceptar una votación “dentro de la ley”, como ya han señalado en repetidas ocasiones desde el PSC. Las negociaciones están abiertas. Y la debilidad de Sánchez en su gobernabilidad hace prever que pueda haber nuevas cesiones a los golpistas.
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