España
Gobierno de España

El ministro Óscar Puente acusa a los jueces de ser la «oposición real» al Gobierno de Sánchez

El PSOE ya ha atacado a los jueces con otras investigaciones al entorno personal y profesional de Pedro Sánchez

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado de ser la «oposición real» al Gobierno de Pedro Sánchez. «La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal», ha expresado el ministro socialista para defender al fiscal general del Estado.

Los ataques a los jueces por parte del PSOE no son una novedad. Ante los múltiples casos de corrupción que rodean al entorno profesional y personal de Sánchez, su partido y el propio Ejecutivo han acusado a la Justicia de «cacería humana» entre otras cosas.

Unas acusaciones que ha utilizado ahora Puente para mostrar su apoyo a Álvaro García Ortiz después de que el Supremo haya acordado procesarle por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.  Así, el titular de Transportes acusa al juez Hurtado de ser «la oposición real» del Gobierno, cuestionando su labor.

El Gobierno sigue cerrando filas en torno a Álvaro García Ortiz y hace hincapié en la presunción de inocencia y asegura que sigue teniendo confianza total en él. Esta defensa a ultranza del fiscal general ha sido la tónica habitual por parte del Gobierno desde que estallo el caso. El propio Pedro Sánchez exigió disculpas a los representantes políticos y a la prensa por el borrado mensajes, justificando que no se había encontrado ninguna prueba que justificase estas acusaciones.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sido uno de los primeros en pronunciarse, afirmando que el Gobierno mantiene la «confianza» en el fiscal general. Torres ha hecho hincapié en que debe respetarse la «presunción de inocencia» del fiscal así como los «pasos» de la Justicia y ha señalado que ha habido casos de personas que han acabado en juicio oral que finalmente han sido «exoneradas».

Al ser preguntado sobre si es sostenible que haya un fiscal sentado en el banquillo de los acusados, defiende que por el momento no existe un fallo, sino un proceso de instrucción que culmina ahora «en el que ha habido mucha opinión sobre cómo se ha realizado». Por tanto, considera que esta presunción de inocencia «hay que mantenerla hasta el final».

No se plantea dimitir

García Ortiz no se plantea dimitir. El jefe del Ministerio Público se mantiene así firme en la decisión que adoptó el pasado 16 de octubre, cuando el Supremo le encausó por las presuntas filtraciones en torno a la investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales.

Junto a García Ortiz, el alto tribunal ha procesado a la otra imputada en la causa, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por los mismos delitos. La decisión tiene lugar ocho meses después de que el Supremo asumiera la investigación el pasado octubre. En un principio, cuando el asunto estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la causa se centró en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal a cargo de la investigación fiscal, Julián Salto.

Cuando el caso saltó al Supremo, el alto tribunal abrió causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, pero descartó la entidad delictiva de dicha nota de prensa. No obstante, en los meses siguientes se fue ampliando la investigación: para abarcar otra vez el citado comunicado, para incluir las presuntas filtraciones de las diligencias de la Fiscalía contra González Amador por presunto fraude fiscal, y para añadir también el correo electrónico que su defensa envió el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.