El ministro de Justicia belga avisa de que la extradición de Puigdemont compete sólo a los jueces

El ministro de Justicia belga, Koen Geens, ha avisado este viernes de que la ejecución de la orden europea de detención que la Audiencia Nacional ha dictado contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es un proceso que depende de las autoridades judiciales del país y que el Gobierno federal «no tiene rol» alguno que desempeñar en él.

«Es un procedimiento enteramente judicial. El poder ejecutivo no juega ningún rol en el procedimiento de la orden europea de detención (ODE). Todo se hace por contactos directos entras las autoridades judiciales», explica un comunicado difundido por Geens a través de su cuenta de Twitter.

El ministro ha querido así manifestar una serie de «precisiones» sobre el proceso que se abre a partir de que la Fiscalía federal haya recibido, pasadas las 20:00 horas de este sábado, las euroordenes para detener y extraditar a Puigdemont y a los cuatro exconsellers que el acompañan en Bruselas desde el pasado lunes.

Así recuerda que la orden europea sustituye desde 2004 al tradicional sistema de extradición que dependía de cuestiones bilaterales entre Estados miembros y que la nueva orden sólo puede ser emitida por delitos que sean castigados con «al menos un año de cárcel» en el país que emite la petición.

Se trata de una norma armonizada para agilizar las detenciones y extradiciones entre miembros de la Unión Europea, pero la legislación prevé «causas de rechazo» que están definidas con mayor precisión y que permiten denegar en casos excepcionales la ejecución de la euroorden.

Aunque el comunicado no lo precisa, el ordenamiento jurídico belga prevé en la ley de aplicación de la euroorden varios supuestos posibles para rechazar la extradición, como que la persona requerida sea menor de edad, que se le reclame por hechos amnistiados en el país receptor o que haya riesgos graves para sus Derechos fundamentales en el Estado que le reclama.

En cualquier caso, según recuerda el titular de Justicia y miembro del partido nacionalista flamenco N-VA, la persona requerida por la euroorden será «privada de libertad» como consecuencia de este mandato y deberá prestar declaración en las 24 horas siguientes ante el juez de instrucción designado para el caso.