Marlaska ya ha gastado un millón en trasladar a 6.000 inmigrantes a Madrid en 21 vuelos chárter

El Gobierno de Pedro Sánchez ha gestionado hasta el momento, desde el pasado 10 de octubre, un total de 21 vuelos entre Canarias y Madrid para trasladar a inmigrantes ilegales llegados en pateras en las últimas semanas. El impacto de estos vuelos sobre las arcas del estado supera el millón de euros gastados, a unos 50.000 euros cada uno de esos trayectos, para los que exige silencio total. En total, los vuelos gestionados por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ya han llevado al aeropuerto de Barajas a más de 6.000 inmigrantes.

Los primeros vuelos se produjeron en medio de un velo de secretismo instaurado por el Gobierno, que ni siquiera informó a la Comunidad de Madrid de estas llegadas. Fue OKDIARIO quien mostró en imágenes la llegada de uno de estos vuelos a Barajas, con unos 300 inmigrantes a bordo del vuelo charter fletado para la ocasión. Pero antes de ese vuelo ya se habían registrado una decena de ellos.

Vuelos con inmigrantes

Para esos traslados, Interior ha contratado con una aerolínea privada un servicio de vuelos charter en un Boing B789, con capacidad para 339 pasajeros. El mismo avión ha realizado todos los trayectos, en vacío desde Madrid hasta Tenerife y vuelta a la capital de España cargado de inmigrantes. Fuentes conocedoras de los detalles de estos vuelos aseguran que las aeronaves «van hasta los topes» con el objetivo de aprovechar cada uno de los viajes contratados.

El último de ellos, el número 21, se produjo este martes 31 de octubre. Partió de Tenerife rumbo a Barajas a las 10 de la mañana y llegó pasadas las 13.00 de la tarde.

En total, el Ministerio de Marlaska -que es quien firma los convenios con las aerolíneas para el traslado interno de inmigrantes- lleva gastados algo más de un millón de euros en estas operaciones. Un cálculo medio por trayecto que aparece reflejado en los últimos acuerdos contractuales firmados por Interior con diversas aerolíneas durante la pasada legislatura.

Contratadas como aeronaves de Tipo IV (de más de 200 plazas), cada hora de vuelo sin IVA asciende a 24.200 euros. Los vuelos desde Canarias a Madrid tienen una duración de unas dos horas, por lo que la cifra de estos trayectos alcanza los 50.000 euros, a lo que habría que sumarle los suplementos de estancia en tierra -hasta 3.000 euros por hora-, que alcanzan precios superiores en los que parten de Canarias.

Cláusulas de silencio

El Ministerio del Interior de Marlaska, que gestiona tanto los vuelos de traslado de inmigrantes ilegales de Canarias a la Península como las rutas internacionales para aquellos que son deportados, aplica un blindaje total a la información alrededor de estas operaciones.

Cada aerolínea que firma un contrato con el Ministerio en este sentido debe comprometerse a que no se produzca ninguna filtración ni fuga de datos o imágenes que puedan poner en un aprieto al Gobierno. En caso contrario, puede producirse incluso la cancelación del contrato.

«Todos los tripulantes de la aeronave, tanto la tripulación técnica como la auxiliar, como cualquier otro empleado del adjudicatario que viaje a bordo en razón de la prestación del servicio objeto de este contrato, serán previa y adecuadamente instruidos por el propio adjudicatario», explica Interior al desarrollar la cláusula de confidencialidad incluida en estos contratos para el traslado de inmigrantes ilegales.

Insta, así, a que los empleados deban «observar en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad en todo cuanto se refiere a los servicios objeto del mismo como fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje de las personas y en general cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo».

«El adjudicatario tomará las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad del servicio que incluirán, de forma específica, la no difusión de información a terceras personas, salvo que resulte estrictamente necesario para la prestación del servicio», advierte Interior en sus pliegos de condiciones.