Marlaska paga un millón a Quirón por los chequeos médicos de la Guardia Civil mientras el PSOE cruje a Ayuso por hacer lo mismo

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 12/04/2026 05:45
  • Actualizado: 12/04/2026 05:45

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, paga más de un millón de euros a Quirón Prevención por los chequeos médicos de los guardias civiles mientras el PSOE cruje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por contratar con este grupo hospitalario. Esta misma semana los socialistas han criticado a Ayuso afirmando que «regala millones» a Quirón. 

«Es usted rarita moralmente hablando», han llegado a espetar este jueves a Ayuso durante la sesión de control en la Asamblea. «Aplaudir el genocidio y alinearse con quienes amenazan con aniquilar poblaciones enteras sí es la cultura de la muerte, señora Ayuso. Y lo que están haciendo con Quirón, cultura de la corrupción», la ha atacado también con estas palabras el PSOE madrileño en X.

La presidenta de Madrid ha respondido a tales críticas señalando que «en la semana en la que también sabemos que lo peor de la pandemia se extendió una red de corrupción de mascarillas que impedía que las comunidades autónomas pudiéramos contratar, se nos prohibió, y cuando el número dos de su partido resulta que va a pasar del banquillo a la cárcel, «tienen todavía la cara dura de hablarnos de corrupción». Y ha aludido al «dinero público, sobres, saunas, escuchas y cloacas» de los socialistas.

Además, ha criticado que mientras tanto el presidente del Gobierno y su mujer «huyen a China» para «dar lecciones» mientras no son capaces de dar explicaciones «ni por la gestión del AVE». «Deberían simplemente pedir perdón a los españoles y marcharse a casa, nada más», ha zanjado.

Chequeos para agentes con incapacidad temporal

El Ministerio del Interior mantiene el citado contrato con Q-ready Quirón Prevención por el servicio para la realización de «reconocimientos médicos» específicos al personal de la Guardia Civil «que esté atravesando un proceso de incapacidad temporal».

Asciende a nada menos que 1,1 millones. La licitación cumplirá el próximo mes de diciembre. Entonces, o sacará una nueva o hará una ampliación de la actual.

Interior expone en el pliego de prescripciones técnicas de dicha adjudicación que la Guardia Civil cuenta en la actualidad con más de 80.000 efectivos y anualmente se inician en ella «más de 72.000 procesos de baja médica y se superan los dos millones de días perdidos por enfermedad o accidente, reduciendo aproximadamente y, en promedio, la disponibilidad de unos 5.200 guardias civiles diariamente, que no pueden prestar servicio por esta causa».

Señala que la Benemérita, «al no estar integrada en el régimen general de la Seguridad Social, no cuenta con los mecanismos y entidades de colaboración previstos para la gestión y control médico de quien está temporalmente incapacitado, con el fin de que pueda recobrar su salud y reincorporarse a su actividad ordinaria lo antes posible». Y apunta que «esto revela una prolongación de los procesos de incapacidad, constatada porque superan la duración media por patologías establecida en las tablas y manuales técnicos del Sistema Nacional de Salud».

Por ello, «considera indispensable la contratación de un servicio que provea de asesoramiento y apoyo por profesionales sanitarios especializados que favorezca el efectivo desempeño de las funciones relativas a la obligada gestión, control, seguimiento e inspección de las incapacidades temporales del personal de la Guardia Civil que la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, asigna a la Sanidad del Cuerpo».

«El objetivo o resultado específico es contribuir a reducir el impacto de las bajas médicas en la disminución del potencial de servicio de la Guardia Civil y a garantizar que su personal está en posesión de unas condiciones psicofísicas óptimas para el desempeño de sus funciones y cometidos profesionales», precisa la licitación.

Criminaliza a los agentes

Se da la circunstancia de que mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, achaca las bajas médicas de la sociedad a los problemas de acceso a la vivienda, con el fin de atacar también al PP, Interior criminaliza a los agentes insinuando que son bajas fingidas.

En definitiva, que son unos vagos por estar de baja. Unas críticas infundadas que han sido atacadas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en los distintos órganos de representación, alegando que «los datos que maneja la Guardia Civil son manipulados.

«Cuando habla del índice de absentismo tiene en cuenta a personal que debería estar ya jubilado, pero precisamente por los retrasos que tiene la administración en la tramitación de los expedientes siguen constando como personal en baja», declara a OKDIARIO el responsable jurídico de la AUGC, Eugenio Nemiña, así como vocal en el Consejo y en la Comisión de Riesgos Laborales.

El reciente Real Decreto 67/2026, por el que se regula la gestión de la incapacidad temporal del personal de la Guardia Civil, establece en su pliego de prescripciones una limitación de derechos del personal de baja.

Mientras el pliego indica que la decisión motivada que conste en el informe del especialista podrá ser considerada anotación subjetiva, el texto definitivo no contiene tal previsión, gracias a las alegaciones presentadas por la AUGC al borrador «por no ser legal limitar el acceso del paciente a datos tan importantes de un informe», como denunció Nemiña.

Desde AUGC se han dirigido tanto a la empresa adjudicataria como a la Guardia Civil reclamando que se respeten los derechos de los interesados, «pero ambos se han negado a realizar cambio alguno». Por ello, la asociación estará «muy pendiente de las limitaciones de acceso a la documentación médica que se produzca» y en caso de que ocurra, instará las acciones legales oportunas con el fin de garantizar los derechos de los agentes.

Este contrato de Interior se suma a una larga lista de licitaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado al grupo Quirón, aunque criminalice a Ayuso por lo mismo. Entre ellas, las de Mónica García, quien contrata con Quirón los análisis de sus funcionarios.