Marlaska concede beneficios penitenciarios al etarra que asesinó a Jiménez Becerril y a su esposa

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido una reunión urgente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al tener conocimiento por parte de este departamento de dos nuevos beneficios penitenciarios para presos de ETA, entre ellos José Luis Barrios, condenado por los asesinatos del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García.

La AVT denuncia que a José Luis Barrios, con delitos de sangre por el asesinato del matrimonio Jiménez Becerril y del militar Domingo Puente, se le aplique el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel de Albolote (Granada), aunque manteniendo su clasificación en primer grado o régimen cerrado, el más duro. Además, será trasladado a la prisión de Zuera (Zaragoza).

Esta asociación lamenta que «cada viernes se levanten con el temor de no saber qué nuevo movimiento en política penitenciaria tiene preparado el Gobierno» y recuerda que ya son 43 los presos de ETA que han sido acercados a cárceles próximas al País Vasco desde junio de 2018, con el Gobierno de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior.

La segunda decisión de Instituciones Penitenciarias afecta al etarra Igor González Sola, condenado a 20 años de prisión por colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación, y que pasará de la cárcel de Soria a la de San Sebastián.

La AVT pide su reunión con Grande-Marlaska por su «honda decepción, preocupación y sensación de desamparo», además de porque las decisiones que se están adoptando entienden que «difiere mucho de lo que el propio ministro les aseguró en las reuniones mantenidas». El titular del Interior ha defendido recientemente en sede parlamentaria su política penitenciaria, subrayando que no había quejas de las víctimas del terrorismo.

Covite pide explicaciones

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha pedido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el motivo del traslado del preso de ETA Igor González Sola a la prisión de Martutene, en San Sebastián. Covite, en un comunicado, ha destacado que se trata del primer recluso de ETA que es trasladado a una cárcel del País Vasco desde que el Gobierno de Pedro Sánchez «inició su propia política penitenciaria respecto a los presos» de la banda.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha recordado que «desde junio de 2018 hasta ahora, todos los traslados de presos de ETA por política penitenciaria se habían producido a cárceles que no se encontraban en el País Vasco, sino a prisiones de otras comunidades», por lo que ha reclamado a Grande Marlaska que «nos aclare el motivo por el cual se ha trasladado a Igor González Sola a San Sebastián».

El colectivo no entra a valorar los traslados que hayan podido producirse al País Vasco por concesiones de terceros grados, ya que estos los concede el juez de vigilancia penitenciaria y no el Ministerio del Interior. «Nuestro respeto a las decisiones judiciales es máximo. Jamás hemos cuestionado un auto del juez de vigilancia penitenciaria en el que se concede una progresión de grado. Defendemos el Estado de derecho y acatamos las leyes, independientemente de si nos gustan los requisitos establecidos en ellas o no», ha afirmado Ordóñez.

Covite ha incidido en que «siempre ha establecido una diferencia» entre los traslados que se pudieran producir a cárceles vascas y los que se produjeran a cárceles de otras comunidades autónomas «por el objetivo que el PNV manifiesta desde hace varios años de que la competencia de prisiones sea concedida al Gobierno Vasco».

«Los nacionalistas nunca han querido ser carceleros y gestionar la competencia de prisiones cuando ETA mataba. Si ahora que ya no matan quieren serlo, es para abrir las puertas de las cárceles. En esto coinciden con la izquierda abertzale, siempre se han preocupado por buscar vías para ayudar a los etarras encarcelados a salir de la cárcel, es decir, la impunidad», ha denunciado Consuelo Ordóñez.

En esa línea, ha insistido en que el PNV «lleva varios meses exigiendo que se acerque a todos los etarras presos a cárceles vascas sin exigirles el mínimo requisito de que rechacen la violencia». «Su objetivo es tener a todos los presos de ETA en cárceles vascas para que cuando ellos gestionen la competencia de prisiones puedan buscar formas de burlar la ley y dejarles en libertad», ha alertado. A su juicio, «se produciría una situación similar a la que estamos viendo con la gestión de prisiones de la Generalitat catalana y los presos del procés».