España

Las leyes de género subvencionan con 100 millones de euros a feministas radicales de toda España

Las leyes de género aplicadas por la Administración central, Comunidades y Ayuntamientos para impulsar la ideología feminista han repartido hasta 100 millones de euros entre colectivos afines al Gobierno en materia de igualdad y género.

Hasta 3,3 millones de euros ha repartido anualmente la Junta de Andalucía por medio de sus políticas de género. Y eso sin tener en aplicación la nueva ley que VOX pide tumbar. Pero esas cifras son sólo una isla comparada con el ingente volumen de recursos que destinan las distintas autonomías, ayuntamientos y el Estado central para impulsar su ideología feminista radical: hasta 100 millones de euros que han acabado desde 2014 en manos de colectivos cuya ideología, casualmente, es la misma que la del actual Gobierno.

No se trata del volumen de dinero destinado a proteger policialmente a las mujeres maltratadas. Ni de los fondos dirigidos a costear viviendas sociales para evitar una reincidencia sobre una víctima de violencia machista. No, se trata de las convocatorias de concursos con ayudas o propuestas de actividades que han sido copadas por colectivos feministas radicales y que, sumando las distintas partidas locales, autonómicas o estatales desde el año 2014 acumulan ya cerca de 98 millones de euros, según el propio extracto del BOE y otros boletines oficiales. Todo ello diversificado en casi 10.000 convocatorias de ayudas, subvenciones o concursos públicos.

Los paquetes de ayudas por volúmenes cercanos a 100.000 euros son habituales. Tanto para acciones de defensa de la mujer dentro de España, como para hacerlo en “proyectos de cooperación para el desarrollo en el exterior».

Los pagadores más habituales son la Dirección General de Servicios de Familia, el Instituto de la Mujer o la Dirección General de Migraciones. Pero se le suman entidades de toda España que reparten fondos con el mismo fin: el Ayuntamiento de Gijón, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la Agencia Extremeña de Cooperación, la Diputación Provincial de Córdoba, el Ayuntamiento de Madrid o la Secretaría General de Servicios Sociales de Andalucía, son algunos de los más habituales en esta actividad subvencionadora.

En el campo de la recepción de fondos se encuentran infinidad de asociaciones, fundaciones o entidades igualmente: desde la Asociación Mujeres para la Salud, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, la Fundación Mujeres Jóvenes o la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas son sólo algunos ejemplos.

VOX contra la ley de género andaluza

Y todo ello en un entorno en el que aún, estas ayudas no han alcanzado el esplendor. Y es que las nuevas normas, como la andaluza que ahora combate VOX, incluyen salvedades para poder aumentar sin casi control las aportaciones a estas asociaciones con el objetivo de adoctrinar en las tesis de género. La norma andaluza, en concreto, fue aprobada en julio de 2018 y aún no ha mostrado su pleno poder derrochador y adoctrinador. Pero, en caso de seguir sin derogarse o sin reformarse, su impacto se colará ya en los siguientes Presupuestos andaluces.

La anotación que permite expandir el gasto destinado a grupos feministas radicales y a otros fines de promoción de sus tesis se regula en la propia norma andaluza y recoge el siguiente texto: “En ningún caso, las cantidades destinadas por la Administración de la Junta de Andalucía a la elaboración, desarrollo, promoción o ejecución de dichos programas podrán suponer una minoración de las que tengan por objeto la protección integral de las víctimas”. Traducido: que las cantidades actualmente reguladas no pueden ser reducidas. Y, por lo tanto, todos los nuevos postulados de la ley deben contar con partidas de gasto adicionales.

Y para todo ello, la ley prevé apoyarse en los colectivos feministas radicales: “Dichos programas se desarrollarán según criterios de calidad que garanticen una intervención profesionalizada en la que se incluya la perspectiva de género, para lo que podrán suscribirse convenios de colaboración con otras Administraciones públicas y organismos competentes, con capacidad y experiencia en la materia”. Es decir, que se harán más acuerdos -pagados- de colaboración con los colectivos radicales feministas.

VOX ha exigido como condición para su respaldo a un pacto de gobernabilidad con PP y C’s modificar esta ley y acabar con el riego de fondos a los chiringuitos de ideología de género. Desde las filas de este partido señalan que, evidentemente, será el mismo planteamiento que se mantenga en cada rincón de España donde se realicen las mismas prácticas. Y eso es en casi toda España.