El letrado de ‘El Gordo’ solicita que el Congreso le autorice a revelar los pagos con fondos reservados

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha solicitado al Consejo de Ministros desclasificar los pagos procedentes de fondos reservados, destinados a la unidad que dirigía el comisario Enrique García Castaño El Gordo, que se encontraba al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) dentro de la Comisaría General de Información. El objetivo del magistrado es que el comisario aclare el uso que se le dio a esos fondos, en relación con unos depósitos mensuales realizados durante once años a una cuenta suya.

La pretensión del instructor es que el Gordo explique la procedencia de los 6oo.000 euros en total que entraron y salieron de una cuenta bancaria de su titularidad. El comisario, que se casó en segundas nupcias, declaró que 120.000 euros de ese dinero procedía de su boda.

En este contexto, el letrado de García Castaño en las diligencias previas, del 27 de marzo, recordó que los fondos reservados constituyen una materia clasificada como secreta «por imperativo legal», según el artículo 1.2 de la Ley de Secretos Oficiales de 1968. El abogado pidió al magistrado que solicitase oficialmente la declasificación de la información y «la dispensa del deber de secretos» (es decir, la autorización para poder contar en qué se emplearon esas partidas) al órgano competente que, según el letrado, es el Congreso de los Diputados y no el Consejo de Ministros.

De esta manera, una vez que se consiga declasificar el material (relativo a los pagos realizados al comisario procedentes de los fondos reservados), García Castaño podrá aclarar dónde empleó ese dinero y en qué misión secreta se encontraba trabajando.

Según explicó el letrado, si el comisario no recibe la autorización del Congreso sólo podrá hablar del procedimiento superficial llevado a cabo en la gestión de los fondos reservados. Sin embargo, no podrá especificar quién recibía ese dinero ni las operaciones policiales en las que estaban trabajando. Es decir, “no estará autorizado para dar información sobre el uso y destino de los fondos reservados» de acuerdo con el artículo 7 de Ley de Fondos Reservados de 1995.

Esta postura choca con la adoptada por el Ministerio Fiscal, que asegura que con la autorización del Consejo de Ministros se podrá desclasificar el material indicado y García Castaño podrá responder a todas las preguntas en relación al estado de sus cuentas bancarias y a movimientos de ingresos y gastos en las mismas.

El Gobierno ha respondido al auto enviado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y ha solicitado al juez que concrete y acote el material que desea desclasificar. Es decir, que especifique qué fechas y operaciones realizadas con cargo a los fondos reservados relacionadas con el Gordo desea conocer.