4.000 firmas avalan ya el manifiesto de 200 intelectuales contra la ‘Comisión de la Verdad’ de Sánchez

Más de doscientos políticos, historiadores e intelectuales de todo signo firmaron el pasado mes de marzo un manifiesto contra el sesgo de la Ley de Memoria Histórica y las modificaciones propuestas por el actual Ejecutivo para la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos y la creación de una ‘Comisión de la Verdad’.

La iniciativa cuenta ya con más de 4.000 firmas de diferentes personalidades de la sociedad civil española que se oponen a la manipulación de la Historia con fines partidistas y la imposición de una versión única del pasado, tal y como propone el actual Gobierno en las reformas sobre la materia anunciadas tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

Bajo el título ‘Manifiesto por la historia y la libertad’ nombres propios de referencia en el ámbito de la sociedad civil española, pertenecientes a diferentes sensibilidades e ideologías, quisieron rechazar la imposición por ley de «un único relato de la historia ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos».

El socialista Joaquín Leguina, el filósofo Fernando Savater, el ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el historiador Stanley Payne, el pensador Antonio Escohotado, el escritor Fernando Sánchez-Dragó, el eurodiputado Enrique Calvet, la filóloga Elvira Roca Barea, el catedrático Sosa Wagner o el periodista Antonio Burgos, entre otros, suscribieron el comunicado emitido contra el revisionismo de las leyes de memoria histórica socialistas.

A juicio de los firmantes, el anuncio de una ‘Comisión de la Verdad’ que «amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la verdad única, la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no gratos, y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España» era un verdadero ‘historicidio’.

«Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida», criticaban en el texto. E insistían en que hacerlo atacaba «directamente los fundamentos de la Constitución» y los «valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra».

«No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron», apuntaba entonces el escrito, donde se reclamaba que lo ocurrido en el pasado no cediese a «ninguna manipulación política partidista».

Para los firmantes «la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007 (…) vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente».

Y calificaban las normas sobre memoria histórica como leyes «de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido» ya que «ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado», concluían.

Por todo ello, consideraban que la ley  debía «ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma».