Un juzgado investiga al director de la Policía y 3 comisarios por prevaricación administrativa

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria ha iniciado diligencias previas de investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa contra Francisco Pardo Piqueras, director General de la Policía Nacional, Luis Carrión, Jefe de la División de Personal de dicho Cuerpo, contra José Ángel Sáez, Comisario Jefe Provincial de Vitoria y dos ex comisarios Jefes de dicha Comisaría.

El 11 de abril de 2022, el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, dictó un Auto en el seno de las Diligencias Previas no 499/2022-C, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa contra el director general de la Policía y tres comisarios de Vitoria. Dicho procedimiento tiene su origen en la querella presentada por el sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP).

La querella firmada por dos abogados del despacho Matilla y Blay Asociados, relata que los responsables del Cuerpo Nacional de Policía en la Comisaría Provincial de Vitoria de manera supuestamente fraudulenta, “sin concurrir los requisitos legales oportunos y sin convocatoria previa ni procedimiento administrativo alguno y constituirían una manifiesta y constante situación de oscurantismo y arbitrariedad en materia de personal, en tanto que instituyen mediante Comisiones de servicios, vulnerando palmariamente el principio de legalidad para adjudicar puestos de trabajo a personas sin que concurran los requisitos reglamentados oportunos”, según la denuncia.

La querella acusa a los mandos policiales de hacerlo evadiendo “los controles legales” y “obedeciendo la determinación y adscripción de los puestos de trabajo, siempre, al interés personal y alejados, en todo caso, del interés general y de los principios constitucionales”. Según ASP, “tal proceder se habría creado y se lleva a cabo, presuntamente, con la finalidad unívoca de favorecer y promover la arbitrariedad a la hora de proponer, nombrar y/o dar posesión de puestos de trabajo, pues todo transcurriría sin transparencia y sin base legal para ello pues incumple frontalmente con nuestro ordenamiento jurídico, vulnerando entre otros, derechos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna”.

Además, los puestos adjudicados en comisión de servicio en la Policía Nacional  tienen duración determinada, pero “sin embargo, transcurrido el plazo máximo de duración, en lugar de proceder a su convocatoria, tal y como determina la Ley de forma preclara, se procede a prorrogar sine die a dichos funcionarios”, según los letrados del despacho Matilla y Blay Asociados.

Tanto ASP como sus abogados están satisfechos por “la medida adoptada por la titular del Juzgado número 1 de Vitoria a fin de investigar y esclarecer los hechos denunciados por esta organización, a nuestro juicio muy graves, máxime cuando quién los realiza está sometida a ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, a fin de que se depuren todas las responsabilidades y cese de una vez por todas esta práctica que afecta a la transparencia en el Cuerpo Nacional de Policía así como al derecho de sus funcionarios a acceder a los puestos de trabajo en condiciones de igualdad y en virtud de los principios de mérito y capacidad que han de presidir todo acceso y promoción en y a la Administración Pública”.