España
ACUERDO ENTRE JUNTS Y SÁNCHEZ

Jupol pide la dimisión de Marlaska por la cesión «ilegal» de competencias migratorias a Cataluña

El sindicato policial avanza que sus servicios jurídicos van a estudiar todas las vías legales para "frenar esta cesión ilegal"

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha exigido este lunes la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras denunciar la «cesión ilegal» de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña del Gobierno del socialista Pedro Sánchez. El sindicato Jupol, mayoritario de la Policía Nacional, ha expresado su rechazo y «profunda indignación ante el bochornoso acuerdo» alcanzado entre el PSOE y Junts para la cesión de las citadas competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña. El acuerdo adelantado por OKDIARIO el pasado 25 de febrero ha trascendido este lunes por la tarde. El pacto se presentará en el Congreso en forma de proposición de ley respaldada por los grupos parlamentarios del PSOE y Junts.

El sindicato policial ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su complicidad ante lo que consideran un «ataque frontal» al Estado de Derecho, una vulneración de la Constitución y «un paso más en el desmantelamiento de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña». Según Jupol, se trata de una «maniobra para erradicar» a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña y cree que un traspaso supone un «ataque directo» a la labor y una «rendición vergonzosa ante el separatismo».

Jupol ha avanzado que sus servicios jurídicos van a estudiar todas las vías legales para «frenar esta cesión ilegal». Asimismo, han señalado que solicitarán explicaciones a Marlaska y su dimisión por su «absoluta incapacidad» para defender a los cuerpos de seguridad del Estado.

«En la actualidad, una de las principales funciones de la Policía Nacional en esa comunidad es la gestión de extranjería, por lo que su traspaso a la Generalitat supone un ataque directo a nuestra labor y una rendición vergonzosa ante el separatismo», ha destacado el sindicato.

El sindicato considera «inaceptable» que el Gobierno, «con la complicidad» del ministro, siga «regalando» competencias fundamentales del Estado «a cambio de favores políticos». «Este Ejecutivo ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional», se ha criticado en el comunicado.

Pedro Sánchez da por encarrilada la legislatura. Esta transferencia de competencias sobre inmigración no forma parte del acuerdo de investidura entre Junts y el PSOE. Es una imposición de Junts a Sánchez realizada en enero de 2024 a cambio de no bloquear los decretos anticrisis.

El contenido del pacto se anunciará esta semana. Los detalles todavía no se han revelado. Sí, ha trascendido que los Mossos participarán con la Guardia Civil y la Policía Nacional en el control de fronteras. Se ha fijado en el calendario el mes de septiembre. Además, se ha deslizado que Junts ha presionado para que Cataluña asumiese el control de la gestión de los permisos de larga y corta duración, las órdenes de expulsión y el control de fronteras han sido los puntos más conflictivos durante las negociaciones. En cambio, se desconocen los detalles del nuevo pacto con Pedro Sánchez.

La negociación entre Junts y el PSOE se produce cuando Europa se enfrenta a una gran crisis migratoria. Diferentes partidos han pedido en el Europarlamento que se eleve el control en las fronteras.

En los últimos meses, Junts había marcado en rojo entre sus grandes prioridades el control de la inmigración. La alianza se ha producido pocos días después de que los independentistas catalanes recularan con la imposición a Pedro Sánchez de presentar cuestión de confianza. Entonces, echaron el freno a sus presiones tras otro pacto, este entre el Gobierno y ERC: la condonación de más de 17.000 millones de euros de deuda a Cataluña.

Junts persigue controlar la cuestión migratoria en Cataluña para contrarrestar el impulso de Aliança Catalana, que irrumpió en las pasadas elecciones autonómicas, con este asunto como pieza clave de sus promesas políticas.