Un juez recusado por Zapatero entre los que decidirán sobre la suspensión de la exhumación de Franco

El Tribunal Supremo (TS) decidirá el día 17 de diciembre si paraliza, provisionalmente, la exhumación de Franco. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se reúne el próximo lunes, a partir de las 10:30 horas, para debatir en pleno si suspende, de forma cautelar, la retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos, tal y como pide la familia. Entre los seis jueces competentes hay uno recusado, en 2007, por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez-Zapatero.

Los magistrados Segundo Menéndez Pérez, Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, Celsa Pico Lorenzo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, José Luis Requero Ibáñez y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, a su vez presidente de la Sala, serán los encargados de aplicar o no la medida solicitada por la familia, sin entrar a valorar todavía el fondo del recurso presentado. Es decir, estudiarán si deben paralizar los trámites en marcha -acordados el pasado 8 de noviembre en Consejo de Ministros- para avanzar con el procedimiento de exhumación de Franco.

El presidente de la Sala, Jorge Rodríguez-Zapata, fue recusado en 2007, como magistrado del Tribunal Constitucional, por el Gobierno de Zapatero

El último de ellos, Rodríguez-Zapata fue recusado por el Gobierno de Zapatero, a través de la Abogacía del Estado, cuando formaba parte del Tribunal Constitucional. Rodríguez-Zapata junto con su compañero Roberto García-Calvo fueron apartados en el recurso del PP contra la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) al considerarles «contaminados» en el asunto.

Rodríguez-Zapata era abiertamente opuesto a la reforma de la LOTC -y estaba vinculado al llamado ‘sector conservador’ del Alto Tribunal- motivo por el que el Gobierno argumentó que no era un perfil adecuado para tomar la decisión, en un tribunal fuertemente dividido. Para el entonces Ejecutivo socialista de Zapatero no era admisible que un magistrado expresase su opinión sobre una reforma legal tan relevante, en el ejercicio de su cargo.

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO coinciden en señalar que  el tribunal competente para tomar la decisión sobre las medidas cautelares de la exhumación «es una buena Sala». Y destacan que tanto el presidente de la misma, el propio Rodríguez-Zapata, como Pablo Lucas y José Luis Requero son «magníficos magistrados».

Admitido el recurso de la familia

La Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite, semanas atrás, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los siete nietos de Franco contra su exhumación, así como varias medidas accesorias orientadas a la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos.

La familia solicitó al Tribunal Supremo que, mientras dure el juicio correspondiente al fondo del asunto, suspendiese el procedimiento en curso, dejando sin efecto todas las acciones, no exentas de polémica, ordenadas e iniciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La remisión al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial del proyecto necesario para abordar la exhumación, según lo previsto en la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, no se ha producido pese a que el ente municipal ya ha emitido su informe favorable.

La solicitud de un informe no vinculante a la Dirección General de Salud pública mortuoria, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y que previsiblemente agotará el plazo legal de un mes antes de pronunciarse sobre la cuestión, impediría que el último Consejo de Ministros del año -que Sánchez celebrará el 21D en Cataluña- tome nuevas decisiones sobre la promesa estrella de Moncloa.

Si el Tribunal Supremo concede a la familia la medida cautelar, Sánchez no podrá exhumar a Franco en esta legislatura

Los Franco han interpuesto una denuncia contra el Gobierno, ante el Juzgado de Guardia de Madrid, al detectar la familia irregularidades en los nombramientos de los directivos de Patrimonio Nacional que debían autorizar dichos trámites.

Para la petición de medidas cautelares, la Sala competente del Tribunal Supremo ha ordenado la apertura de una pieza separada para que otra Sala, que se reúne el lunes 17, resuelva si ha de atenderse, o no, el requerimiento de los Franco.