El juez deja en prisión a Junqueras, Forn, los ‘Jordis’ y libertad bajo fianza para los 6 exconsellers

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido mantener en prisión incondicional al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, y a los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El instructor de la Sala Segunda del Supremo también ha ordenado libertad bajo fianza de 100.000 euros para los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Josep Rull y Jordi Turull. En el auto de 25 páginas, el magistrado destaca que la responsabilidad de Joaquim Forn como conseller de Interior en la pasividad de los Mossos d’Esquadra.

Una vez que las depositen, el magistrado les impone comparecencias semanales en el TSJ de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, prohibición de abandonar el país y retirada de pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión.

El juez considera que «no hay riesgo de fuga», pero aprecia «riesgo de reiteración delictiva» en el caso de las 4 personas que mantiene en prisión (Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart). En su auto, Llarena analiza los requisitos legales para acordar una medida de prisión, que en este caso concreto se han centrado especialmente en el riesgo de fuga y el de reiteración  delictiva.

En relación con el riesgo de fuga, Llarena lo descarta y considera que la situación de los exconsellers y de los líderes de ANC y Òmnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, en cuanto que su aportación al delito se situaría en principio en un plano de principalidad equivalente al que ofrecía el comportamiento de Carme Forcadell y también porque cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.

Sin embargo, respecto a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlamento, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los 10 querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la “lesividad» que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones.

El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn, Sanchez y Cuixart, entiende que “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”. En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el «asedio» por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consellería catalana de Economía en Barcelona.

“El riesgo de reiteración de sus conductas -añade el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física”.

En estos 4 investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva “refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”.

El peligro, según el juez, no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, “sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”. 

Contra el auto de Llarena se puede interponer recurso de reforma y / o apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Su declaración ante el juez

Este viernes los 10 investigados por rebelión, sedición y malversación, encarcelados en las prisiones madrileñas de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco, comparecían ante el magistrado del Supremo. El primero en declarar era Junqueras y apenas permanecía 20 minutos en la Sala. Después, llegaba el turno de los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Josep Rull y Jordi Turull y por último, ‘los Jordis’.

Los miembros de ERC y del PDeCAT adoptaban papeles muy distintos en sus declaraciones ante el juez Llarena. Junqueras y Romeva se negaban a contestar a todas las preguntas de la Fiscalía, respondiendo sólo a su abogado Andreu Van den Eynde. Mientras, Carles Mundó y Dolors Bassa han respondido a muy pocas de las cuestiones planteadas en la vista.

En contraposición, los miembros del PDeCAT Borrás y Forn respondían a todas las cuestiones planteadas por el Ministerio Público. Una postura muy parecida también a la mantenida por Rull y Turull. Todos los exconsellers encarcelados se ceñían «a sus escritos de libertad” presentados recientemente ante el Alto Tribunal.

Durante las comparecencias, varios de los investigados justificaban su petición de libertad ante el Supremo asegurando que se puede conseguir la independencia de Cataluña con un “referéndum legal pactado a la escocesa”.

A preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular que ejerce el partido VOX, los miembros del Govern que ya organizaron el pasado 1 de octubre un referéndum ilegal en Cataluña aseguraban ahora que “se puede reformar la Constitución” y lograr la independencia “con vías democráticas”. Además, afirmaban que se “ha entrado de una nueva etapa de negociación y que existe margen para conseguir un pacto”.

Ninguno de los 10 investigados aceptaba la Constitución española y se limitaban a acatar el artículo 155 “a su manera, con diferentes fórmulas y matices”. Además, alegaban que debían “salir en libertad para poder participar en el proceso electoral del próximo 21 de diciembre en Cataluña”.

La Fiscalía seguía pidiendo prisión

La Fiscalía del Tribunal Supremo decidía el pasado viernes mantener la petición de prisión incondicional que propusieron en su día sus colegas de la Audiencia Nacional para los 8 miembros del Govern encarcelados y ‘los Jordis’.

Los 8 miembros cesados del Govern están investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, mientras que a ‘los Jordis’ se les investiga por sedición.

Tal y como avanzó OKDIARIO , el supuesto acatamiento del artículo 155 de la Constitución no es suficiente para que el Ministerio Público modificara las medidas cautelares impuestas. La Fiscalía considera que “el riesgo de fuga y sobre todo de reiteración delictiva no ha cambiado”, ya que parte del “Gobierno sedicioso catalán y el propio expresidente Carles Puigdemont aún continúan fugados en Bruselas”.