Jueces y fiscales temen que el Gobierno incumpla las plazas prometidas en su macro oferta de empleo

Pendientes de que, en próximos Consejos de Ministros, se concreten los términos de la oferta de empleo público anunciada por el Gobierno en funciones, jueces y fiscales temen que entre las mismas no se incluyan las 300 plazas comprometidas el pasado día 11 de enero de 2019 por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante la última reunión entre la titular de la cartera y los representantes de todas las asociaciones profesionales de la magistratura.

Dado que no hay Presupuesto para 2019, para dicha convocatoria de plazas de funcionarios se aplicarán criterios similares a los recogidos en las cuentas de 2018. Un total de 33.606 plazas distribuidas en: 8.292 de promoción interna, 7.638 para estabilización y 17.676 para tasa de reposición y conceptos varios.

Sin embargo, días después del encuentro, y en el marco del anuncio del  Anteproyecto de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado se
encontraba únicamente recogida una previsión de 100 plazas, en lugar de las 300 verbalmente comprometidas. Lo que motivó, por parte de las siete asociaciones principales de la judicatura, la convocatoria de una serie de movilizaciones y paros coordinados en unidad de acción.

Jueces y fiscales solicitan al Gobierno en funciones que reserve a Justicia el 1% de las 30.000 plazas públicas anunciadas 

Ante dichas medidas de protesta, la ministra reaccionó afirmando que en dicho documento se había cometido un error de transcripción, y que no estaban presupuestadas 100, sino 500 plazas, extremo que sería rectificado por vía de enmienda. Extremo éste que nunca llegó a producirse con anterioridad a la presentación del mismo para su votación en la cámara parlamentaria y cuyo rechazo motivó la finalización de la XII legislatura y la convocatoria de elecciones generales el próximo 28-A.

Así las cosas, el Gobierno anunciaba esta semana el lanzamiento de una
oferta pública de empleo para la convocatoria de más de 30.000 plazas, sin detallar la distribución por sectores de la misma. Consulta que las asociaciones profesionales de la magistratura han trasladado al Ministerio de Justicia desde donde todavía no han concretado si, en el conjunto de las mismas, están siendo contabilizadas las comprometidas por Delgado para jueces y fiscales.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, entre otras, exige al Gobierno que antes de irse incluya en su «macro oferta de empleo público anunciada», las «tan necesarias» plazas para Justicia -y que representarían un 1% del total de las convocadas- con la finalidad de «garantizar la estabilidad de la planta judicial y fijar un horizonte cierto a los miles de opositores que llevan años preparándose para ello».