Jueces del Supremo «absortos» ante la maniobra de García Ortiz de recurrir a Pumpido: «1ª vez que ocurre»

La noticia de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estudia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ha provocado estupor entre los magistrados del Tribunal Supremo, que califican esta estrategia como «inédita» y sin precedentes en la Justicia española.

Fuentes consultadas por OKDIARIO en el alto tribunal han expresado su incredulidad ante lo que consideran un movimiento procesal «que nunca ha tenido éxito» y que carece de «pies y cabeza» desde el punto de vista jurídico. «Estamos ante una situación sin precedentes. Nunca antes se ha admitido a trámite un recurso de amparo contra un auto de entrada y registro antes de que exista una sentencia firme», señalan fuentes jurídicas del Supremo.

Los magistrados del Supremo esperan con expectación ver «cómo Pumpido justifica la admisión a trámite de ese hipotético recurso de amparo y no del resto de miles de afectados por registros de despachos y de incautación de teléfonos móviles» en otros procedimientos judiciales.

La posible maniobra de García Ortiz llega apenas días después de que la Sala de Apelaciones del Supremo desestimara por unanimidad los recursos presentados tanto por el Ministerio Público como por la Abogacía del Estado contra el registro de su despacho oficial realizado el pasado 30 de octubre.

Los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres consideraron en su auto que dicha actuación estaba «justificada» al entender que «el delito investigado lo permite» y que «la investigación era necesaria», descartando cualquier irregularidad en el procedimiento. Al margen de que las evidencias que se encontraron fueran clave, la decisión del juez instructor fue razonable.

«No queda otra alternativa, porque en caso contrario, si concluyéramos que es un lugar de imposible prospección judicial, conllevaría la renuncia a la misma investigación y a la consiguiente creación de un ámbito de impunidad», señalaron los jueces en su resolución de 47 páginas.

El recurso de amparo que estudia interponer García Ortiz, como así publicó el periódico El País, está contemplado en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sin embargo, uno de los requisitos fundamentales es «haber agotado todos los medios de impugnación dentro de la vía judicial», algo que, según fuentes jurídicas consultadas, no se ha producido en este caso.

Sin cumplir requisitos

«El recurso ni siquiera debería ser admitido a trámite», señalan fuentes jurídicas consultadas, que califican la posible actuación del fiscal general como «prematura» e incluso «imprudente», ya que situaría al tribunal presidido por Cándido Conde Pumpido «ante una tesitura sin precedentes». García Ortiz todavía puede recurrir el registro de sus despacho en las cuestiones previas del hipotético juicio tras la instrucción.

García Ortiz está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien está siendo investigado por delitos fiscales.

La Abogacía del Estado sostiene que el juez instructor, Ángel Hurtado, ha causado «indefensión» al fiscal general al rechazar diligencias solicitadas que podrían exculparle, y que «obvia aspectos fundamentales» del caso, como que «el origen de esta causa se encuentra en informaciones tergiversadas» que la Fiscalía habría tratado de desmentir.

El caso se remonta al 13 de marzo, cuando se publicó una información que afirmaba que la Fiscalía había propuesto un pacto para librar de una pena efectiva de cárcel al novio de Ayuso, cuando fue el propio González Amador quien ofreció en origen un acuerdo para evitar el juicio.

Esta controversia ha generado un intenso debate político. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acusó al PP de intentar «amedrentar» a los magistrados del Constitucional y aseguró que el partido de Alberto Núñez Feijóo tendrá que «seguir soñando» con ver al fiscal general condenado.

Por su parte, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha interrogado a Bolaños sobre su posible vinculación en el caso, preguntándole si había mensajes suyos entre los que el fiscal decidió borrar, acusándole de participar en «la dinámica del encubrimiento».

García Ortiz, que ha rechazado dimitir pese a las peticiones de PP y Vox, argumenta que hacerlo «dejaría en una situación de debilidad a la Fiscalía» y sería «hacer una concesión a los delincuentes». El fiscal general asegura que sería la postura fácil y que ha optado por mantenerse en el cargo por responsabilidad.