José María Macías, vocal del CGPJ: «La Ley de Amnistía no busca el interés general, sino el de Sánchez»

«La democracia está tocada» y «el Estado de Derecho socavado». «En España nos hemos ido acostumbrando a una serie de auténticos despropósitos», reconoce José María Macías, vocal del CGPJ con una contrastada carrera de jurista de reconocido prestigio (aquí le dejo un poco a usted por si le entran dudas: licenciado en Derecho con premio extraordinario por la UAB en 1988, ingresó en la carrera judicial en 1990, miembro electo de la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña, director general de Asuntos Contenciosos de la Generalidad de Cataluña 2002-2003, profesor asociado de Derecho Orgánico Judicial en la Escuela Judicial de España, socio en Cuatrecasas desde 2005, y profesor asociado de Derecho Administrativo y de la UE de la UAB. En 2002 fue reconocido mejor abogado administrativo de España).

Ejemplos sobran. Este viernes conocíamos la noticia de que la Eurocámara pedía con una mayoría de 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones, investigar las injerencias rusas en la UE y sus lazos con Puigdemont. La Eurocámara declaraba estar «sumamente preocupada por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y la administración rusa». Macías celebra esta decisión porque «la investigación a Puigdemont en el Parlamento europeo va a permitir entender que han dado comprensión a quien no la merecía». Puigdemont, en cambio, arremete reiterando sus ataques a los jueces y culpando al PP de la decisión de las instituciones europeas. «Es espantosa la ligereza con la que se ha tratado todo el asunto ruso», «el PP español ha conseguido imponer sus estándares a la mayoría conservadora europea y es una noticia funesta para el futuro de la Unión», «si hubiéramos hecho a Feijóo presidente, todo esto no pasaría».

Al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón (titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional) lo culpa de decidir investigarlo por terrorismo el mismo día en que iban a hacer público en Bruselas el acuerdo suscrito entre Junts y el PSOE para investir a Pedro Sánchez. Quizá conviene recordar que García-Castellón tiene una carrera de cuarenta y seis años de ejercicio de la judicatura en los que se ha atrevido a sentar en el banquillo a personas con gran influencia y poder, y nadie ha conseguido amedrentarlo. Es el ejercicio valiente de una profesión; el servicio al Estado de un hombre de Estado que, pudiendo pasarse a la carrera privada (por cierto, mucho mejor remunerada), se mantiene firme en su labor, como lo hacen Marchena y Aguirre.

Como sea, no ha sido ésta la primera vez que se señala a jueces. En los últimos meses, hemos podido oír a diferentes socios del Gobierno acusando a jueces de prevaricar. Hace apenas unos días, la portavoz de Junts Miriam Nogueras aseveraba en la tribuna del Congreso: «Hoy van a por nosotros, pero mañana pueden ser ustedes», sin ser interrumpida ni reprendida por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, pese a que el Reglamento de las Cortes recoge en su artículo 103.1 que «los diputados y oradores serán llamados al orden cuando profieran palabras o viertan conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad», como es el caso del Poder Judicial. Recordemos que la señora Armengol es la tercera autoridad del Estado.

Ante esta actitud, el CGPJ celebró un pleno extraordinario en el que rechazó por unanimidad los ataques a los jueces y solicitaba «un pronunciamiento ante las declaraciones emitidas por oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta de las Cortes».

No es ésa la única amenaza que han recibido los jueces de un socio del Gobierno. Hay más. Y calificativos ofensivos. En recientes ocasiones se ha podido oír a Nogueras acusar a distintos magistrados de ser «togados franquistas». José María Macías se pronuncia en esta entrevista con rotundidad: «La señora Armengol considera que la libertad de expresión de los diputados incluye la posibilidad de violar el Estado de derecho. La actitud de la señora Armengol me plantea la duda de si es por ignorancia o por cinismo».

Nos recuerda Macías que se han creado dos comisiones de investigación a jueces en el Congreso de los Diputados y otra en el Parlamento de Cataluña que ya está funcionando. Comisiones para investigar a jueces que aplican la ley a quienes delinquen, «está por verse si los acuerdos entre el Gobierno y Junts se van a materializar y, por tanto, el Estado de derecho que ya está muy perjudicado va a hacerse absolutamente inidentificable».

Macías también se ha pronunciado sobre la posible Ley de Amnistía: «Esta proposición de Ley de Amnistía tiene una finalidad que podrá ser espuria porque no busca el interés general, sino el de Pedro Sánchez y Puigdemont. En la Constitución no cabe esta Ley de Amnistía en la que los que se van a beneficiar de ella ponen las condiciones. Lo que está haciendo Sánchez no tiene más justificación que su interés personal por mantenerse en un puesto».

Un escenario que reconoce que le lleva a estar preocupado por España.

En cuanto a Álvaro Redondo –el fiscal del Tribunal Supremo que entregó un informe el 26 de enero de 2024 para responder a la exposición razonada del juez Manuel García-Castellón sobre el ex presidente Carles Puigdemont en el caso de Tsunami Democràtic, valorando necesaria la investigación por indicios de terrorismo y, tan sólo horas después, hacía unas declaraciones en sentido contrario (cuatro días más tarde, el 30 de enero, entregaba otro informe que desdecía el primero)-, Macías responde que «un miembro del Ministerio Fiscal, ante todo, tiene que ser creíble. En este momento no se puede decir que Álvaro Redondo sea creíble. Hay personas ahora ocupando cargos relevantes que hacen que parezca que personas que murieron por ETA en defensa de la democracia, murieron en vano».

Pese al cambio de opinión del fiscal Álvaro Redondo, la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo apreciaba este martes por once votos a favor y cuatro en contra que existen indicios suficientes para investigar al expresidente catalán. A ello, el ministro Óscar Puente comentaba que «los fiscales del Supremo no saben de terrorismo». Macías es claro: «Sus declaraciones sobre los fiscales del TS confirman que no hay nada más atrevido que la ignorancia».

Respecto a la querella criminal que Sumar interpuso el pasado mes de noviembre contra diez miembros del CGPJ por ejercer su función y dar su opinión jurídica, José María Macías asegura que «el objetivo de la querella tiene el objeto de causar miedo», pero también asegura que ni él ni ninguno de sus compañeros sienten miedo. Su sentido de Estado les hace trabajar con convicción. Lo mismo afirma sobre los jueces. Lo hace sin dudar: «No hay miedo de ningún modo en un juez en España».

También habla muy claro sobre la separación de poderes: «El Parlamento es soberano, pero como cualquier otro poder del Estado, es limitado. El Parlamento, por muy soberano que sea, no puede tratar de manera diferente a los ciudadanos».

Macías tiene destacado en su X aquello que con tanta nitidez dijo su majestad el Rey acerca de la democracia. Le transcribo: «Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades, sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad».

Pues eso, que democracia, como dijo el presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln en Gettysburg, el 19 de noviembre de 1863, en plena Guerra Civil norteamericana, es «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», no el gobierno para uno mismo y los socios que le garantizan el puesto a uno.