Montero paga 18.029 € por un estudio sobre la «violencia» de jueces y policías contra las madres

El Ministerio de Igualdad ha encargado a dedo por 18.029 euros un estudio sobre la «violencia institucional contra las madres». De nuevo, Irene Montero pondrá en el disparadero a los supuestos agresores de madres que trabajan en las administraciones públicas. Se refiere a magistrados, fiscales, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc. que ponen en cuarentena la versión de las progenitoras que arrebatan sus hijos a sus padres.

Se trata de un contrato menor que apura el máximo legal para poder adjudicarlo directamente. En lugar de abrir un concurso público abierto a cualquier empresa, Igualdad recurre únicamente a dos licitadores. De los cuales, finalmente elige a la Universidad Complutense de Madrid. Tendrá que entregar el informe en 7 meses a contar desde el 11 de mayo de 2022, según determina la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, que gestiona la magistrada Victoria Rosell.

El contrato llevará por título Violencia institucional contra las madres. Aplicación del falso síndrome de alienación parental (SAP). Al hablar de «violencia institucional» el Ministerio alude directamente a sus teorías de que los poderes del Estado, como el judicial, son eminentemente machistas y cometen agresiones a las, según Irene Montero, «madres protectoras».

La ministra de Igualdad defiende abiertamente a mujeres condenadas por la Justicia, como Juana Rivas o María Sevilla –condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores–, por ser «madres protectoras». En el contexto de «la lucha contra las violencias machistas», saca la cara por el proceder de estas mujeres: «Hasta que no seamos capaces de proteger de manera efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, Juana Rivas, María Sevilla o Irune Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista no podemos estar satisfechas», sostiene Irene Montero.

Otros

No es el último informe polémico encargado por Igualdad. En las últimas semanas, también ha encargado el estudio Explotación sexual y trata con fines de explotación sexual de menores tutelados. Igualdad quiere analizar los casos de menas prostituidas en regiones como la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares.

Por otra parte, Igualdad también encarga Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Kamira) por 18.029 euros por un trabajo sobre Violencia de género en población gitana y otro a la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) el documento Violencia económica contra las mujeres en sus relaciones de pareja o expareja por 17.436 euros.