Interior reconoce que no hay etarras excarcelables por enfermedad mientras el PSOE negocia con Bildu

Desde que la líder de los socialistas navarros, María Chivite, se hiciese con el control del Ejecutivo autonómico gracias al apoyo de los bilduetarras, el PSOE no ha dejado de negociar con la formación de Otegi sobre el acercamiento de los presos etarras y el impulso a la Ley de Abusos Policiales en el País Vasco.

Será difícil, sin embargo, que Pedro Sánchez pueda cerrar privilegios penitenciarios próximos a la ‘amnistía’ de los reclusos terroristas, como exige la izquierda abertzale: Interior reconoce que ninguno de ellos cumple con los requisitos legales exigibles para su excarcelación por razones de salud.

Ni uno solo de los etarras que actualmente cumplen condena en cárceles españolas tiene un «grado de enfermedad» tal que «revista la suficiente entidad» como para que el Gobierno pueda aplicarles el mecanismo de puesta en libertad anticipada, previsto en el artículo 91 del Código Penal. Ni mucho menos «que esa enfermedad esté en un estadio en el que el peligro para la vida del interno sea patente» o terminal, reconoció el Ministerio que dirige, en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en una comunicación oficial.

Tanto la legislación penal como la penitenciaria en España, contemplan fórmulas para que los reclusos «que sufren enfermedades graves con padecimientos incurables» puedan acceder a la libertad condicional, gracias a la suspensión de sus condenas por esta circunstancia. Una consideración que Interior destaca que es extensible a todos los tipos de presos, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

El Secretario General de Instituciones Penitenciarias reconocía en una respuesta oficial a consulta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo COVITE que «por lo que se refiere al colectivo de presos de ETA», no hay ninguno de ellos que en la actualidad pueda ser excarcelado, por criterios exclusivamente médicos, tal y como prevé la normativa vigente.

Todos los miembros de la banda terrorista encarcelados que «padecen algún tipo de enfermedad están recibiendo la asistencia sanitaria precisa a través de la red sanitaria pública y están, todos ellos, sometidos a los pertinentes controles» profesionales médicos «para valorar si su evolución deriva en situaciones que exijan iniciar el procedimiento de excarcelación anticipada», legalmente previsto.

Una circunstancia que complica, pese a los esfuerzos de Sánchez, que el Ejecutivo en funciones pueda justificar, en modo alguno, la puesta en libertad de etarras condenados y encarcelados, por motivos de trato humanitario y en base a la excusa de enfermedad.

Pacto evidente

La opacidad del Gobierno en funciones sobre el entorno proetarra está siendo una constante. El Consejo de Transparencia decretó, el pasado 4 de diciembre, que Sánchez disponía de 10 días para publicar los datos relativos a actos de homenajes a etarras celebrados desde su llegada a Moncloa y las actuaciones llevadas a cabo por parte del Ministerio del Interior en aplicación de la Ley de Protección a las Víctimas del Terrorismo. Algo que, hasta la fecha, los socialistas han incumplido.

La inminencia de un pacto de apoyo a la investidura de Sánchez compromete los pasos del PSOE en su negociación con EH Bildu. Más allá del apoyo de los proetarras al Partido Socialista en Navarra, el presidente del Gobierno en funciones se ha negado por escrito a dar información centralizada y oficial sobre la respuesta que sí están dando las Delegaciones de Gobierno a los actos de enaltecimiento del terrorismo. Que nada empañe las negociaciones.