Interior prohíbe a la Policía pedir la expulsión de los extranjeros reincidentes si han solicitado ya la regularización

• Ángel Moya @AngelMoyatv
• Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".
• • 29/07/2026 05:45
  • Actualizado: 29/07/2026 16:26

Agentes de la Policía Nacional denuncian que sus mandos, siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior, les prohíben incoar expedientes de expulsión a los delincuentes extranjeros que detienen cada día, si estos ya han pedido la regularización con antelación a su arresto.

Las órdenes, siempre verbales para no dejar constancia por escrito, justifican esta medida en la necesidad de ahorrar los esfuerzos y gastos que consume el proceso de expulsión de un delincuente extranjero que, casi con toda seguridad, va a conseguir regularizarse y quedarse en España a pesar de sus antecedentes policiales o penales.

«Le llaman ‘eficiencia administrativa’», relatan fuentes policiales que no pueden ocultar su preocupación por la situación que viven día a día con los delincuentes extranjeros reincidentes.

El proceso habitual tras detener a un delincuente extranjero pasa por la apertura de un expediente de expulsión que deberá resolver la Delegación del Gobierno correspondiente. Entre tanto, el detenido es trasladado a un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), que hace la función de antesala de la expulsión durante el tiempo en que las autoridades españolas intentan que el país de origen reconozca a su ciudadano y permita su deportación.

«Nos dicen que nos ahorremos el proceso»

«Nos dicen que nos tenemos que ahorrar todo este proceso, porque mientras la Delegación del Gobierno resuelve sobre la expulsión, el delincuente extranjero puede haber conseguido regularizar su situación y, por tanto, ya sería inexpulsable», explican fuentes policiales.

En ese contexto, han sido detenidos los últimos extranjeros protagonistas de delitos graves. Entre ellos, inmigrantes que usan varias identidades falsas para delinquir con más facilidad, pero también para entorpecer su expulsión de España.

Algunos de ellos se identifican con documentación de Argelia, país que hasta hace unos meses no reconocía como suyos a sus ciudadanos detenidos en España por cometer todo tipo de delitos.

«Ahora Argelia sí reconoce a sus ciudadanos, pero con cuentagotas; por eso los delincuentes extranjeros con varias nacionalidades, marroquí y argelina, por ejemplo, se identifican como argelinos con la esperanza de que va a ser imposible devolverlos a su país de origen», explican las mismas fuentes.

Años para resolver una expulsión

En cualquier caso, la legislación española permite que los procesos de expulsión se eternicen, beneficiando a los delincuentes.

Así ha ocurrido en Gerona, donde la Subdelegación del Gobierno ha tardado dos años en expulsar de España a un violento delincuente senegalés multirreincidente, inmigrante ilegal en España y residente en Figueras, e investigado por robos con violencia, hurtos, amenazas graves, atentado contra agentes de la autoridad y hasta una tentativa de homicidio.

El sujeto a expulsar, un delincuente de 45 años de edad muy conocido por los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional, estaba perfectamente localizado desde hace años, ya que no dejaba de delinquir a diario en Figueras, donde tiene atemorizados a todos los vecinos del barrio.

Sin embargo, el delincuente a expulsar no ha sido detenido, según fuentes policiales, hasta que la Subdelegación del Gobierno en Gerona ha finalizado un largo proceso de expulsión abierto en el año 2024 por incumplir la legislación vigente en materia de extranjería. El motivo ha sido, según la Policía Nacional, las trabas burocráticas interpuestas por su país de origen.