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FISCALÍA

Inspectores de Hacienda califican de «persecución política» la investigación a la pareja de Ayuso

Los expertos explican que llama la atención no se incluya a los emisores de las facturas en la información filtrada.

  • Patricia Sanz
  • Abogado, periodista y máster tributario de Garrigues. Antes, asesora fiscal por Luxemburgo y España, ahora, redactora jefe de Economía de OKDIARIO.

Varios inspectores de Hacienda así como un ex presidente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) tildan de «persecución con intencionalidad política» la denuncia que Fiscalía de Madrid ha presentado por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y de falsedad en documento mercantil contra un grupo de cinco personas, entre ellas Alberto González Amador, administrador único de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. y actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Dentro del curso normal de las inspecciones aleatorias a las empresas, la AEAT suele requerir más información a los obligados tributarios -autónomos o pequeñas y medianas empresas-, con el objeto de aclarar, en muchas ocasiones, aspectos de la contabilidad.

Ahora bien, de la información publicada este martes sobre la pareja de la presidenta madrileña, los inspectores descubren a este periódico varios indicios del móvil político que podría haber provocado la investigación y la posible filtración parcial de la misma.

En primer lugar, por la propia fecha en que Fiscalía recibió el informe de la Agencia Tributaria: el pasado 22 de enero. Es decir, más de tres años después de haber comenzado la fiscalización del primer ejercicio investigado (2020), para justo coincidir con un momento político delicado por la negociación de la amnistía por el Gobierno de Sánchez.

¿Y los emisores de las facturas?

En segundo lugar, porque en el informe de la Agencia Tributaria, o al menos, en la parte filtrada a medios, no se incluye a los emisores de las facturas. A este respecto, el ex presidente de la SEPI y ex director de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria), Ignacio Ruíz-Jarabo Colomer, se muestra tajante: «Si yo he descubierto una trama de facturas falsas, no me paro en el que las ha recibido, me voy a quienes las han emitido y hago el estudio y la investigación completa».

El ex inspector de Hacienda subraya que «eso es lo que hace la Agencia Tributaria en todos los casos». Cuando «detecta una emisión de facturas falsas, amplía la investigación a los emisores y no traslada a la Fiscalía».

Si hubiera habido una investigación más completa, se favorecería a la pareja de la presidenta madrileña: «¿Qué sería más grave para Alberto González, haber cometido ese fraude sin más o haberlo cometido en el seno de una organización fraudulenta? ¿Sería más grave la primera, no? Con lo cual, lo han omitido, claro», apuntala Ruíz-Jarabo Colomer. Con la información que se dispone a fecha presente, en opinión de los inspectores consultados, «se ha adelantado una filtración parcial».

Preguntado por si el hecho de que la sociedad de la pareja de Ayuso incrementase de forma sustancial su volumen de negocio en los ejercicios investigados es motivo suficiente para dirigir a dicha entidad una investigación de su contabilidad, el ex presidente de la Agencia Tributaria es rotundo: «En absoluto, por ese motivo, solo, en absoluto».

Mayor prescripción por 35.000 euros

En tercer lugar, llama la atención que el supuesto fraude fiscal del primer ejercicio investigado  de la pareja de Ayuso-el del año de la pandemia- el importe supera por muy poquito el límite de los 120.000 euros, en concreto, se le atribuye un supuesto fraude por el Impuesto sobre Sociedades de 155.000 euros por el año 2020. Es decir, que supera por 35.000 euros la cantidad mínima para que el plazo de prescripción por delitos fiscales contra la Hacienda Pública sea de 5 años. En el caso del 2021, la supuesta cantidad defraudada ascendería a los 195.951,41 euros.

En cuarto y último lugar, en referencia a cuestiones contables más concretas, en el informe se apunta que Masterman&Whitaker S.L. no tenía medios y que Maxell, la empresa de la pareja de Ayuso, le factura para que ella disponga de bases negativas. Ahora bien, para Ruíz-Jarabo esto es un «sin sentido» pues «pues Masterman no tendría, vista la jugada en su conjunto, bases negativas a compensar en un futuro», «sino un gasto que le ha facturado Maxwell, pero un ingreso superior que ella factura a Quirón Salud». En definitiva, «eso de que Maxell ha facturado a Masterman para tener bases negativas, no tiene ningún sentido».