España
Crisis del coronavirus

La renta mínima de Iglesias no llega a la mitad de los 7.200 millones de las que ya hay en España

El impacto del ingreso vital aprobado por el Gobierno sobre las cuentas públicas será considerable, según destaca la consultora Freemarket

Pablo Iglesias asegura que el ingreso mínimo vital de este Gobierno socialcomunista es la mayor conquista social de los últimos tiempos. Pero si eso fuera cierto, habría que llegar a la conclusión de que el resto de rentas mínimas vitales ya reguladas en comunidades y ayuntamientos son, al menos, dos veces esa conquista social.

Porque literalmente la suma de sus importes duplica con creces al anunciado a bombo y platillo por Pablo Iglesias: 7.200 millones entre todas las ayudas de este estilo ya en vigor, frente a los 3.000 millones del nuevo ingreso mínimo nacional.

Para colmo, todos esos mínimos vitales territoriales son previos. Con lo que la «conquista» de Iglesias se queda en un falso hito.

17 programas autonómicos

El informe elaborado por la consultora Freemarket señala que «en la actualidad hay alrededor de 11 programas nacionales de rentas mínimas y 17 autonómicos. Antes de comenzar la fase recesiva en curso, 1,1 millones de hogares recibían ese tipo de subsidios con un coste para las arcas públicas de más de 7.200 millones de euros/año».

De nuevo, los datos superan a los de Pedro Sánchez e Iglesias, porque los hogares a los que llegará, en teoría, el nuevo ingreso mínimo vital se reducen a 850.000, claramente por debajo de los beneficiados con el resto de figuras que cubren el mismo hueco social.

Pero el informe de Freemarket da más datos. Y algunos de ellos, altamente delicados. Porque los 7.200 millones de euros citados se dispararon con la última crisis. Y el importe global en «2010 llegó a ascender a 22.000 millones de euros. Quizá estén mal diseñados y su eficacia sea escasa, pero su cuantía no es despreciable».

Traducido: que a medida que avance la actual crisis, el potencial de gasto estimado por el Gobierno puede dispararse. Y, en estos momentos, España dispone de más que dudosos recursos para hacer frente a un gasto creciente y que pueda llegar a dispararse hasta triplicarse.

Impacto sobre las cuentas púbicas

Por todo ello, la consultora señala en su estudio que «el impacto del IMV (ingreso mínimo vital) sobre las cuentas públicas será considerable. Este alto coste fiscal ha de enmarcarse en una coyuntura dentro de la cual el déficit corriente y, sobre todo, el estructural se van a disparar y en la que los niveles de deuda pública superarán con amplitud el 100 por 100 del PIB».

«Como señaló el informe elaborado por la Airef, cuando la presidía el Sr. Ministro de Seguridad Social, el IMV debería establecerse en el marco de un plan de consolidación presupuestaria que impulse una reducción del endeudamiento del sector público. Sin esto, la implantación de una nueva prestación estructural es irresponsable».

De ese plan de eliminación de gastos ineficaces, redundantes o directamente dañinos no hay ni la más mínima señal.

Freemarket señala, además, que esta regulación del IMV «transmite a los agentes económicos y a los mercados una señal evidente: el Estado profundiza en la senda que conduce de manera inevitable a su insolvencia y, por tanto, a un colapso de sus finanzas. Obviamente, el Gobierno no contempla para nada esa restricción que el propio ministro consideró antes imprescindible».

Por otro lado, «la puesta en marcha del IMV plantea también una cuestión de riesgo moral: genera poderosos incentivos para debilitar la disposición de sus beneficiarios a incorporarse al mercado laboral, porque eleva su salario reserva y la tentación de complementar los ingresos obtenidos de la prestación con los captables en la economía sumergida», señala el estudio.

«De nuevo, el Informe de la Airef en la época del Sr. Escrivá señalaba que el 60 por 100 de los trabajadores sociales encuestados consideraba que aquellas disuaden de buscar empleo a sus destinatarios», añade.

Por lo que «existe el evidente peligro, quizá es el deseo del Gobierno, de cristalizar un panorama en el cual un voluminoso porcentaje de la población dependa a perpetuidad de los subsidios. Un ejemplo ilustra esta afirmación».

«En el trabajo citado, la Airef considera poco dependientes a quienes se acogen a esas ayudas una sola vez y por un tiempo inferior a 183 días; intermitentes cuando lo hacen en más de una ocasión, pero un número de días inferior a los 183 y crónicos cuando hay al menos un episodio de más de 183 días. El porcentaje de hogares de menor a mayor dependencia en España es del 23 por 100, del 29 por 100 y del 48 por 100 respectivamente. Es decir, casi la mitad de quienes reciben rentas mínimas están enganchados a ellas y un tercio adicional las utiliza con frecuencia», subraya el estudio de Freemarket.