Illa mantiene la oficina que montó el separatismo para ayudar a condenados del 1-O a pedir la amnistía

• Joan Guirado @joanguirado
• Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.
• • 19/08/2024 06:49
  • Actualizado: 19/08/2024 06:49

El Govern del socialista Salvador Illa, que echó a andar esta semana, mantendrá en funcionamiento la oficina creada por el separatismo para ayudar a los condenados por el 1-O a solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía. Se trata de un organismo que depende de la Consejería de Interior, en manos de Núria Parlón, y desde el cuál se han tramitado de oficio y se han ayudado a tramitar algunas amnistías a personas con causas por atentado contra la autoridad, lesiones o desordenes públicos.

La decisión de crear esta oficina extraordinaria fue de Pere Aragonés. Ahora, con el cambio de gobierno, Salvador Illa ha optado por mantener sus funciones para facilitar la aplicación de la amnistía pese a que las cifras de estos primeros meses son ínfimas. La Generalitat creó también una página web en la que todas las personas investigadas o condenadas por el procés podían solicitar a la administración autonómica que les gestionase la aplicación de la amnistía y la devolución de las sanciones impuestas.

Pocas peticiones para amnistiar

El número de personas que han sido beneficiadas por la amnistía al procés asciende al menos a 102, entre condenados que han sido exonerados y absueltos que han visto cancelados sus antecedentes -incluidos los policiales- desde que la norma entró en vigor hace dos meses, el pasado 10 de junio.

Entre los beneficiados con mayor relevancia se encuentran el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, el escolta del propio ex presidente catalán Lluís Escolà, el ex conseller de Interior del Govern Miquel Buch, así como varios ex concejales del PSC y la ex alcaldesa de Figueras, de Junts, Marta Felip.

Todas las amnistías concedidas hasta ahora han sido acordadas en los tribunales y juzgados con sede en Cataluña. Se han visto beneficiadas personas encausadas por delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos, pertenencia a grupo criminal, tenencia de artefactos explosivos, delitos contra la seguridad vial, atentado contra la autoridad, delitos contra la integridad moral y lesiones.

Dos meses después de que los jueces hayan comenzado a aplicar la norma, el número de beneficiados estimado por la Fiscalía -existen 82 causas y 486 personas que podrían disfrutar de la amnistía- todavía está lejos de alcanzarse. El Ministerio Público también matizó que es posible que no se pueda aplicar la amnistía en todos los procedimientos porque hay causas con delitos que no se incluyen en la ley como, por ejemplo, delitos de odio en conjunción con otros que sí se contemplan en el texto legal.

Los que sí han resultado amnistiados han sido 46 agentes de la Policía que estaban siendo investigados por las cargas del 1-O en colegios electorales de Barcelona. El juez consideró que la amnistía debía ser aplicada en este caso porque «las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual» y estuvieron «enmarcadas en un objetivo policial definido» que no se prolongó en el tiempo, «más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales».

Peticiones en duda

En algunos casos, además, el proceso de su posible aplicación se dilatará previsiblemente meses. Tal es el caso del ex presidente de la Generalitat Quim Torra y de los ex diputados del Parlament Pau Juvillà (CUP) y Bernat Solé (ERC). A finales del pasado mes de julio la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó elevar sus respectivas causas al Tribunal Constitucional ante las dudas de que la aplicación de la Ley de Amnistía vulnere preceptos recogidos en la Carta Magna.

El TSJC también planteó cuestiones de inconstitucionalidad en los hechos imputados a la ex consellera de Cultura Natalia Garriga (ERC); el ex secretario de Vicepresidencia de la Generalitat Josep Maria Jové, y al ex secretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó. Además, el TJUE ha aceptado las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo.

El principal excluido en la aplicación de la norma es Puigdemont, a quien todavía le quedan pendientes dos frentes judiciales: las consecuencias del procés y la supuesta trama rusa del independentismo catalán.

En el primer caso, el juez Pablo Llarena rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación, el único que se le imputa actualmente. Sobre Puigdemont pesa precisamente una orden de detención que debió ser ejecutada tras su regreso a España la pasada semana, pero su huida evitó que declarase ante el magistrado.

En el segundo caso, el relativo a los presuntos contactos del independentismo con el Kremlin para lograr apoyos, el alto tribunal debe contestar a la exposición razonada que el juez Joaquín Aguirre le remitió pidiendo que investigase al ex presidente catalán.