Iglesias vende su libro sobre las «cloacas» junto a Kirchner, imputada por robar 1.000 millones

• Juanan Jiménez
• Especializado en información nacional e internacional, breaking news, periodismo de datos y visualización, también escribo sobre motor y tecnología.
• • 26/08/2022 23:42
  • Actualizado: 27/08/2022 08:57

Pablo Iglesias sigue promocionando su libro sobre las «cloacas» y esta vez ha elegido a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para dar publicidad a su obra. Justo en la semana en la que la Fiscalía argentina ha pedido 12 años de cárcel para ella como «jefa» de una trama de corrupción que saqueó 1.000 millones de dólares de las arcas públicas.

El fundador de Podemos se ha reunido con Fernández de Kirchner en el despacho que la vicepresidenta tiene en el Senado argentino. Aprovechando que el libro trata sobre medios de comunicación y cloacas, la recientemente imputada por corrupción ha escrito un mensaje dirigido a los medios argentinos: «Parece que la cosa viene global».

Iglesias siempre ha mostrado verdadera veneración por la izquierda argentina, como parte del eje que forman en Latinoamérica Cuba, Venezuela, Perú y ahora también Colombia. Los intercambios de ‘ayuda’ entre Kirchner e Iglesias han sido constantes.

Nada más conocerse su imputación por robar 1.000 millones, Iglesias lanzó un mensaje de apoyo a Kirchner en las redes sociales: «Golpe financiero, mediático y judicial… La misma receta de siempre contra los que defienden a la gente. Ni un paso atrás».

Precisamente, el Gobierno que dirigen Fernández y Kirchner no se encuentra en su mejor momento, dadas las graves acusaciones lanzadas desde la Fiscalía argentina. El ataque que han lanzado al unísono contra el fiscal Diego Luciani se ha visto en buena parte del país como una injerencia en el sistema judicial argentino.

Este mismo jueves, Alberto Fernández realizó un comentario gravísimo sobre el fiscal, dejando caer que esperaba que no se suicidase como el fiscal Alberto Nisman, muerto en extrañas circunstancias cuando investigaba el atentado de la AMIA en Buenos Aires.

«Si alguien está pensando que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani… Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… que hasta acá lo que le pasó fue que se suicidó, no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani».

12 años de cárcel por corrupción

La Fiscalía argentina realizó una histórica petición de prisión el pasado lunes contra Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina y actual vicepresidenta y poder en la sombra del Gobierno de la nación sudamericana. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron la petición de penas, que incluyen la entrada en la cárcel, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público.

En concreto, el fiscal pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández como «jefa y máxima responsable» por su cargo de una trama de corrupción, amén de la mencionada inhabilitación de por vida.

El fiscal Luciani remarcó en su alegato final que durante el juicio «sólo se buscó respetar y hacer respetar la Constitución. Este juicio demandó más de 600 horas, escuchamos a 114 testigos y se analizó una cuantiosa documentación» en el llamado ‘caso Vialidad’ mientras lidiaban con «la campaña de desprestigio y el rol de las defensas, entre otras bajezas inesperadas».

También cargó el fiscal Luciani contra el actual presidente argentino, Alberto Fernández, a quien afeó su «injerencia indebida» por su participación en el juicio, durante el cual sostuvo que las contrataciones del Estado no son materia que pueda ser controlada por la Justicia: «Es llamativo que el presidente no pueda distinguir esta cuestión elemental», dijo el fiscal, quien lamentó que Fernández «defendió puerilmente» a Kirchner.

Está previsto que los alegatos finales de las defensas arranquen el 5 de septiembre y que la sentencia se conozca ya en diciembre. Sin embargo, un hipotético fallo condenatorio previsiblemente daría pie a una cadena de recursos y la sentencia podría no ser firme hasta dentro de varios años, lo que dejaría en suspenso tanto la inhabilitación como una posible entrada en prisión.