El Gobierno de Zapatero llamó «accidente» a las detenciones de miembros de ETA ordenadas por Marlaska

En ese contexto, los enviados del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, achacaron las detenciones que habían tenido lugar en el bar Faisán, contra el aparato de recaudación del impuesto revolucionario de la banda terrorista ETA, de «accidente» y culparon al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska de poner en riesgo las negociaciones.

Así consta en la documentación de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso Europa Press. La operación contra la trama que operaba desde el Faisán para recaudar el impuesto se frustró en el mes de mayo de 2006 por el ya conocido chivatazo, pero se pudo llevar a cabo mes y medio después, el 20 de junio, con la detención de 12 personas, entre ellos el dueño del establecimiento, Joseba Elosúa.

Pero cuando se reunieron de nuevo los enviados de Zapatero y los de ETA en septiembre de ese año, la operación se convirtió en uno de los principales reproches de los etarras, que entregaron al Gobierno una lista de 58 detenidos entre marzo –fecha de la declaración de tregua– y septiembre.

Los representantes del Ejecutivo aceptaron la «gravedad de la situación» y culparon al juez de la Audiencia Nacional de haber puesto en riesgo las negociaciones: «Marlaska nos superó…», alegó uno de los representantes del Gobierno, que en aquella reunión eran tres.

Otro de ellos afirmó que «Marlaska se puede considerar un accidente» pero lo puso en el mismo plano que la kale borroka: «precisamente como la kale borroka», alegó. Mientras que el tercero, admitió que habían empezado la etapa del alto el fuego «de la peor manera. Esto es, Marlaska» y vinculó al juez con la derecha.

«La derecha decidió utilizar el único recurso que tenía para torpedear el proceso», exclamó añadiendo que les habían hecho mucho daño y habían roto su credibilidad perjudicando «a las dos partes».

Alegaron además, que no había habido detenciones operativas policiales fuera de las realizadas por el ahora ministro del Interior, que eran judiciales. Admitieron que dado que había procedimientos abiertos podrían producirse otros arrestos, pero se comprometieron a intentar minimizarlos «desde la Fiscalía».

Desvelaron información de Francia

Desvelaron también que el Gobierno estaba hablando con la juez francesa Le Vert pero consideraron que esos frutos tendrían que ver con el avance del proceso.

En cualquier caso, revelaron a los integrantes de ETA, entre los que se encontraba Josu Ternera, que la policía francesa les había expuesto que habían detectado una serie de traslados, ya que habían encontrado algunos bidones utilizados con polvo de aluminio y que el análisis de esa sustancia indicaba que los etarras estaban moviendo sustancias explosivas para hacer artefactos.

Tras esta información, advirtieron a los enviados de la banda que la Policía francesa no iba a permitirlo durante mucho tiempo y que por lo tanto, debían paralizar esa actividad.

Derogar la doctrina Parot

Todas estas alegaciones por parte del Gobierno se produjeron después de que el portavoz de los etarras hicieron un resumen de los incumplimientos, incluida la declaración de Zapatero que no se produjo como habían pactado y anunciara que el proceso quedaba «congelado».

Los enviados del presidente, para tratar de convencer de la voluntad del gobierno de seguir con el proceso prometieron resolver rápidamente «el tema de Iñaki de Juana Chaos y desvelaron que estaban hablando con los jueves del Tribunal Constitucional para que declararan inconstitucional la doctrina Parot.

También se comprometieron a que, a medida que avanzara el proceso, irían cambiando la legislación para Batasuna fuera legal. Pero mientras tanto, pidieron a la banda que el partido de la izquierda abertzale no hiciera convocatorias masivas en su nombre, sino que lo hiciera a través de firmas. Además, reclamaron acabar con las cartas de petición de dinero, con la kale borroka y los movimientos de sustancias explosivas.