El Gobierno prohibió a las residencias que las familias sacasen a sus mayores contagiados en pleno colapso
El Ministerio de Sanidad también suspendió "todas las visitas a los centros sociosanitarios" en la última semana de marzo, cuando la pandemia estaba en plena explosión
Coronavirus: última hora en directo del Covid-19 y la desescalada
El Gobierno dio una primera orden de dejar a los mayores contagiados en sus cuartos de las residencias. Lo hizo el 5 de marzo, cuando no había ningún colapso sanitario ni estado de alarma. Y después, el 24 de marzo, en plena explosión del virus y con los hospitales desbordados, Sanidad dio otra orden: no dejar a los familiares rescatar de las residencias a sus mayores encerrados y contagiados.
Y todo ello, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dejado de culpar a las comunidades autónomas de los fallecimientos en las residencias.
La primera de las órdenes ya ha sido publicada por OKDIARIO con el respectivo documento donde se plasmó. Ahora, este diario publica la segunda de las exigencias, la incluida en el documento ‘Guía de prevención y control frente al Covid-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial’, publicado el 24 de marzo de 2020.
Allí el texto señalaba que «los residentes y usuarios de las residencias de mayores y de otros centros residenciales se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la infección por covid-19 por varios motivos». Porque «habitualmente presentan patología de base o comorbilidades»; porque «suelen ser de edad avanzada» o «porque tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros convivientes». Además, añade que «suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población igualmente vulnerable».
Según el documento, por todo ello, necesitaban de una mayor atención. Pero, lo cierto es que esa mayor necesidad de cuidados se tradujo en dejar a muchos de ellos en las residencias.
Dotación sanitaria
El documento, del Ministerio de Sanidad, detalla que «los centros sociosanitarios deben disponer de planes de contingencia adaptados a las características de cada centro y dirigidos a la prevención y a la respuesta ante la eventual aparición de casos y brotes de covid-19». Pero ¿cómo se podía conseguir eso si las residencias no cuentan con la dotación sanitaria de un hospital?
Los siguientes puntos no aclaraban ese detalle. Pero sí señalaban más exigencias para las residencias: «Si se detecta un caso positivo se deberá designar en el centro un área diferenciada para residentes con y sin infección con el objetivo de disminuir el riesgo de que se genere un brote en la residencia y hacer el estudio y seguimiento de sus contactos estrechos».
Es decir, no se habla de trasladarlos de urgencia a hospitales. Sino de aislarlos en los centros de mayores.
Es más, las siguientes indicaciones son totalmente expresas: «En el escenario actual, se deben suspender todas las visitas a los centros sociosanitarios. En el escenario actual, se deben suspender todas las salidas de la residencia. En el escenario actual, salvo excepciones para deambulación inevitable, se deben clausurar las zonas comunes».
O, lo que es lo mismo, ni podían salir los mayores contagiados de sus zonas en las residencias ni podían acudir sus familiares para llevárselos e intentar atenderlos.
«Por ello, se restringen todas las visitas sin vinculación profesional con el centro a no ser que sea estrictamente necesario. En ningún caso se permitirán visitas de personas que presenten cualquier síntoma respiratorio o fiebre. Igualmente, se suspenden las salidas del centro para los residentes hasta que una nueva evaluación del riesgo haga reconsiderar esta recomendación», añade el documento.
Con este fin, «se contactará mediante mensajes o circulares y se colocarán carteles a la entrada, indicando a los visitantes y familiares que no deben acudir a estos centros a no ser que sea imprescindible y en ningún caso si presentan cualquier síntoma respiratorio o fiebre».
Mando único de Iglesias
Hay que recordar que las muertes en las residencias se han convertido en todo un punto de debate. Una polémica que se ha visto disparada por la negativa del vicepresidente social Pablo Iglesias a dar información sobre las víctimas mortales en los centros de mayores. Y ello, pese a que él mismo anunció el pasado 19 de marzo que asumía el mando único del área de Servicios Sociales para atajar la crisis sanitaria del coronavirus en las residencias de ancianos.
Los datos sectoriales apuntan a que, desde ese momento y hasta ahora, más de 18.000 mayores han fallecido en los centros asistenciales de toda España.
La cifra era de tan sólo 1.516 fallecidos el pasado 26 de marzo, una semana después de que Iglesias asumiera el mando, y desde entonces no ha dejado de crecer exponencialmente. Durante estos dos meses, las residencias no han tenido la menor noticia del vicepresidente Pablo Iglesias, ni han recibido ninguna ayuda del Gobierno salvo la que ofreció la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El PSOE y Podemos, pese a ello, no han dejado de culpar a las autonomías de las víctimas mortales de las residencias de mayores. Pero lo cierto es que, además, el 5 de marzo y por medio de otro documento técnico, el Gobierno exigió a las residencias que dejaran en sus cuartos a todos los mayores con «sintomatología respiratoria aguda».
El documento recogía las pautas a seguir en materia de lucha contra el covid-19. Y ese texto fue emitido antes de la aprobación del estado de alarma y antes del disparo de los contagios por el brote del 8-M.
De hecho, se emitió cuando no había problemas de colapso hospitalario. Pese a ello, y haciendo uso de la competencia constitucional exclusiva del Estado -por medio del Ministerio de Sanidad- para gestionar todo asunto de Sanidad Exterior, el Gobierno pidió a las residencias que dejaran a sus contagiados en los centros de mayores, en vez de enviarlos a los hospitales. El resto de la historia es conocido.
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