El Gobierno no verifica si las ONG a las que subvenciona en países del Islam tienen vínculos con el yihadismo

El Gobierno de Pedro Sánchez admite que no verifica si las organizaciones no gubernamentales (ONG) a las que subvenciona en países de mayoría islámica tienen vínculos con el yihadismo. Desde el Ejecutivo socialista aseguran que «no existe un control específico» más allá de lo que prevé la ley que, en ningún caso, establece este tipo de controles ex ante.

La administración de coalición entre PSOE y Sumar ha admitido esta falta de controles a través de una respuesta parlamentaria por escrito tras una pregunta de varios diputados del PP.

Los representantes de la formación de Alberto Núñez Feijóo interrogaron al Gobierno sobre los «controles de riesgo y diligencias previas que se practican antes de conceder subvenciones a organizaciones no gubernamentales extranjeras para garantizar que no existe ningún vínculo con individuos o colectivos que hayan sido objeto de medidas de seguridad nacional».

Concretamente, el grupo de populares pide más información sobre la «Asociación marroquí de integración de inmigrantes». Los diputados del PP recalcan que la Audiencia Nacional señaló que «la persona invitada por esta ONG en 2022 fue considerada de ideología radical y participó en actividades de captación y adoctrinamiento, incluso sobre menores vulnerables, lo que motivó su deportación de España por razones de seguridad».

«Este hecho plantea serias dudas sobre la diligencia con la que se evalúan los beneficiarios de fondos públicos para cooperación y desarrollo, especialmente cuando pueden estar implicados en problemas de seguridad interior», advertían los representantes del partido de Feijóo.

Por todo ello, los populares pidieron más detalles sobre los «controles de riesgo y diligencias previas» que se practican «antes de conceder subvenciones» a ONG extranjeras para «garantizar que no existe ningún vínculo con individuos o colectivos que hayan sido objeto de medidas de seguridad nacional».

El PP advierte al Gobierno que, si no se hace «de forma sistemática», esto podría suponer «un vacío grave en la política de cooperación internacional, que puede poner en riesgo la seguridad y la reputación de España».

«No existe control específico»

El Gobierno se limita a asegurar que la concesión de estas subvenciones «sigue estrictamente la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden ISM/810/2023, de 14 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones».

Sin embargo, como el propio Ejecutivo admite, este procedimiento se limita a establecer un «procedimiento de concurrencia competitiva» para realizar «proyectos en colaboración con entidades públicas y privadas en materia de defensa de los derechos humanos del colectivo de personas extranjeras».

«No existe un control específico distinto del previsto en la normativa», aseguran desde el Ejecutivo. Sin embargo, la realidad es que ni la ley ni la orden que la desarrolla incluyen ningún tipo de control en ese aspecto.

Desde el Gobierno, sin embargo, aseguran que «todas las entidades se someten a los mismos requisitos, verificaciones y declaraciones responsables, garantizándose el rigor procedimental y la legalidad en cada fase del proceso».

Un 40% de yihadistas, no expulsados

La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece que «podrá aplicarse» la expulsión de España «cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves». Sin embargo, el 40% de los 196 yihadistas extranjeros detenidos en los últimos 5 años en España no han sido expulsados.

Según indica la norma, se podría hacer «en atención al principio de proporcionalidad» y «en lugar de la sanción de multa». Para aplicarla, debe darse la «previa tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción».

Las infracciones reconocidas en la ley como «muy graves» son las siguientes: «Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves» en la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De los cerca de 200 detenidos desde 2021 con nacionalidad diferente a la española, sólo 116 han sido expulsados del país. El primer ejercicio, sólo 5 individuos. El año que se produjeron más deportaciones por seguridad nacional fue en 2023, con 47 expulsiones por «infracción muy grave» relacionada con este tipo de delitos. El último año, en 2025, sólo se produjeron 21.

Es decir, que más de un 40% de los extranjeros detenidos por los delitos más graves recogidos en el Código Penal no han sido expulsados. Y esto a pesar de que la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social habilita su expulsión.