El Gobierno se jactó ante la UE de endurecer las penas a los corruptos mientras bramaba por la condena a Ábalos

El Gobierno se jactó ante la Unión Europea de haber aprobado en el Consejo de Ministros un plan contra la corrupción que incluía una modificación del Código Penal para «endurecer las sanciones y adoptar nuevas medidas anticorrupción» mientras bramaba por la condena a José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE.

El Ejecutivo mandó a la Comisión Europea un documento en el que intentaba demostrar que había cumplido con las recomendaciones comunitarias respecto a la Justicia, lucha contra la corrupción y defensa del Estado de Derecho. En esa contribución expresaba lo que ellos consideraban logros en todos esos aspectos.

En el apartado de «otros aspectos» que no están estrictamente relacionados con las exigencias de la Unión Europea, el Gobierno ha querido ensalzar su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Desde el Ejecutivo aseguraron que, para «investigar, juzgar y sancionar la corrupción», se harán cambios específicos en el Código Penal «para endurecer las sanciones y adoptar nuevas medidas anticorrupción».

Además, pusieron en valor que ese plan que habían puesto en marcha permitía «garantizar la protección efectiva de las personas que informan sobre irregularidades y/o casos de corrupción».

Contra las penas a Ábalos y Aldama

Sin embargo, en el Gobierno lamentaron que el ex ministro fuera condenado a 24 años de cárcel y su asesor, Koldo García, a 19 años, mientras que el empresario Víctor de Aldama, sólo a cuatro años y medio de prisión, y se suspendiera su ejecución por colaborar con la justicia.

Tanto es así que el titular de Transportes publicó un post tras conocerse la sentencia y comparó el caso mascarillas con el de Isabel Carrasco, de la que dijo que «le dieron tres tiros a bocajarro en una pasarela en León». Puente acompañó el texto con una imagen en la que aparecían las penas a Montserrat González (22 años de cárcel como autora), Triana Martínez (20 años como cooperadora necesaria) y Raquel Gago (14 años de prisión como cómplice). «Que cada cual saque sus propias conclusiones», espetó el ex alcalde de Valladolid para criticar lo que consideraba como una pena excesiva para Ábalos.

La aportación escrita de los Estados Miembros como la que el Gobierno remitió a la Comisión Europea, es una «fuente clave de información para el Informe anual sobre el Estado de Derecho» que la Comisión Europea ha hecho público este viernes.

Todo esto se realiza cada año: la Comisión invita a los Estados miembros a «aportar su opinión» sobre el grado de cumplimiento de los puntos del Estado de Derecho de 2026.

«Sobre la base de esta información, pueden seguir más preguntas específicas, como fue el caso en años anteriores, para garantizar que la Comisión tenga toda la información pertinente de los Estados Miembros para la preparación del Informe sobre el Estado de Derecho de 2026», especifica el Ejecutivo europeo en la plantilla que entrega a los países.

Advertencias sobre las contrataciones

Se trata del informe sobre el Estado de Derecho, que cada año emite la Comisión Europea presidida por la alemana Ursula von der Leyen, y que, en la edición de este año, ha alertado de las contrataciones públicas, que mayoritariamente son realizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Sigue siendo un ámbito vulnerable a los riesgos de corrupción», recoge el informe sobre el Estado de Derecho 2026 publicado este viernes por la Comisión Europea, en su capítulo dedicado a España.

La Comisión Europea señala en este documento las quejas de «las partes interesadas». «Junto a la contratación pública, las infraestructuras críticas y la financiación de los partidos políticos son los sectores más vulnerables a la corrupción», indica el Ejecutivo comunitario.

Y, entre otras evidencias, detalla la cantidad de procedimientos con una única oferta que se licitaron en España en 2025, que llega hasta el 34%, es decir, uno de cada tres. Mientras tanto, en «la media de la UE fue del 27%», en otras palabras, uno de cada cuatro.