El Gobierno investigará la «represión» franquista de minorías religiosas, pero no la masacre de católicos en el 36

El Gobierno de Pedro Sánchez ignora la masacre de miles de clérigos y laicos católicos en la Guerra Civil española iniciada en 1936 y sólo investigará, en el marco de su política de memoria histórica, la «represión de minorías religiosas» durante la contienda y la dictadura franquista.

El informe final de la Comisión técnica para el estudio de medidas de reparación de carácter económico, elaborado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, plantea, entre los colectivos que serán objeto de «estudio» y «posibles subsanaciones» por parte del Ejecutivo en base a la ley de Memoria Democrática de 2022, el conformado por «víctimas de represión por creencia religiosa».

Pero, aquí, el Gobierno no incluye a las víctimas del terror rojo, es decir, a los curas, sacerdotes, monjas y otros eclesiásticos que fueron asesinados a manos de milicianos republicanos, entre ellos socialistas y comunistas, sino que sólo se preocupa de investigar «la persecución, marginación y vigilancia de minorías religiosas, agnósticos y ateos».

«Durante el régimen franquista, esta represión se vio reforzada por el marco normativo impuesto, dentro del cual cabría destacar dos normas. Por un lado, el Fuero de los Españoles (1945), que declaraba a España un Estado confesional católico y negaba en la práctica la libertad religiosa, y por otro la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958), que consagraba la doctrina católica como fundamento ideológico del Estado», señala el Gobierno socialcomunista de Sánchez.

Y añade, entre las «principales acciones represivas», lo que define como «ejecuciones por orientación religiosa, especialmente durante el conflicto bélico; prohibición del culto público, prohibición de construcción de nuevos templos; clausura de templos existentes; confiscación de bienes, censura de publicaciones» o «dificultades para recibir sepultura al ser los cementerios católicos».

Sin embargo, el Ejecutivo se olvida aquí del destrozo de iglesias y la quema de imágenes de culto en hogueras por parte del bando republicano, los asesinatos de curas a punta de pistola, las detenciones y los crímenes de laicos sólo por su condición de católicos, por llevar un crucifijo o ir a misa, las violaciones de monjas y laicas… y un largo etcétera de barbaridades.

El Gobierno señala en el informe, donde se excluyen las miles de víctimas católicas, que el estudio propuesto «deberá determinar con precisión qué confesiones y grupos fueron objeto de persecución, estimar el número aproximado de personas afectadas y analizar, en la medida de lo posible, cuántas de ellas continúan con vida». «El objetivo será aportar datos verificables que permitan avanzar en el reconocimiento, la reparación y la preservación de la memoria histórica, garantizando los principios de verdad, justicia y no repetición», añade el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige el socialista Ángel Víctor Torres.

Llama la atención cómo las atrocidades del terror rojo no merecen ningún análisis por el mismo Gobierno que no dudó en hacerse la foto junto al Papa Prevost e instrumentalizar su visita a España hace sólo unas semanas.

20 sacerdotes diocesanos

Precisamente, justo tras su viaje apostólico del 6 al 12 de junio por tierras españolas, León XIV autorizó el pasado día 18 la promulgación de decretos relativos a causas para la canonización y beatificación, incluyendo aquí el martirio de veinte españoles, Siervo de Dios Juan Torres Torres y otros 19 compañeros, sacerdotes diocesanos, asesinados entre agosto y septiembre de 1936 en el territorio de la diócesis de Ibiza (España).

La diócesis ibicenca recuerda cada 13 de septiembre, la memoria de estos sacerdotes asesinados que, por su ejemplo de valentía y constancia en la fe, se convirtieron en «un símbolo de coherencia en su amor a Cristo». El proceso de beatificación fue iniciado el 23 de noviembre de 2008.

En su caso, Juan Torres nació en Ibiza el 20 de abril de 1912, donde fue bautizado. Ordenado sacerdote en la catedral ibicenca el 6 de junio de 1936, desempeñó el cargo de ecónomo en la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Formentera antes de ser martirizado el 7 de agosto de 1936. Llevaba apenas dos meses como sacerdote. Sólo tenía 24 años, y según los testimonios que ha aportado la diócesis de Ibiza para solicitar la declaración del martirio, Torres «evitaba cualquier tema político y no pertenecía a ninguno de los bandos enfrentados». Lo mataron únicamente por ser «el cura del pueblo».