El Gobierno gasta de urgencia 2,1 millones para «fomentar la memoria democrática» en plena nacionalización masiva

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política y parlamentaria
• • 13/07/2026 05:45
  • Actualizado: 13/07/2026 05:45

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 2,1 millones de euros a la contratación por vía de urgencia del servicio de creatividad de una campaña publicitaria que persigue, entre otros objetivos, «fomentar la memoria democrática». Esta licitación se ha producido en plena polémica por la nacionalización masiva de bisnietos y tataranietos de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo y descendientes de emigrantes —como reveló OKDIARIO— que salieron de España antes de julio de 1936.

En concreto, según consta en el expediente consultado por este periódico, este contrato se ha licitado mediante el tipo de tramitación urgente por un importe de 2.101.288,92 euros (impuestos incluidos). Como justificación, el Gobierno esgrime: «Los resultados de estudios recientes realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Instituto de la Juventud (Injuve) hacen imprescindible y urgente la puesta en marcha de una campaña de comunicación que resalte los valores de la democracia, especialmente dirigida a la juventud española».

Los contratos que siguen este procedimiento exprés son los que cubren «necesidades inaplazables» o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. En cualquier caso, se debe garantizar el respeto de los principios esenciales de transparencia, igualdad y competencia que rigen un proceso de contratación.

Según aparece recogido en el pliego de condiciones técnicas, el Ejecutivo de Sánchez, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que encabeza el socialista Ángel Víctor Torres, pretende lanzar una «campaña de concienciación del valor de las libertades y la democracia en España, cuyo diseño, desarrollo y ejecución constituye el objeto del presente contrato».

Se trata, señala el Gobierno, de «poner en valor los logros alcanzados en estas cinco décadas de democracia, subrayando el papel fundamental de la ciudadanía en la construcción de un país moderno, justo e inclusivo».

El pliego indica que la finalidad de este contrato pasa por alcanzar una serie de objetivos, como «reafirmar el compromiso con los valores democráticos, la libertad y el progreso; reconocer el esfuerzo de toda la sociedad en la construcción de la democracia y sus avances; sensibilizar sobre la importancia de proteger los derechos y libertades conquistados, y fomentar la memoria democrática, especialmente entre las nuevas generaciones».

En este sentido, la población objetivo de la campaña es «la ciudadanía en su conjunto, aunque se dirige con especial atención a los jóvenes, para que conozcan y valoren la evolución de la democracia en España», añade el Ejecutivo.

La comisionada del ‘Año Franco’

Este pliego técnico lleva la firma de Carmina Gustrán Loscos, la comisionada designada por el Gobierno de Sánchez para coordinar los fastos por el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco. Un programa revisionista —conocido como Año Franco y pensado inicialmente para 2025— que Moncloa ha querido hacer extensivo también al presente ejercicio 2026 con una amplia agenda de actos institucionales.

El contrato comprende la elaboración de piezas y elementos creativos y sus adaptaciones a los distintos soportes y formatos, en función de las herramientas y canales de comunicación. De este modo, el servicio incluye el diseño de «una estrategia general de comunicación, el apoyo en la definición de la estrategia de medios y la puesta a disposición de los materiales para su difusión por el adjudicatario del contrato de medios, así como la producción y adaptaciones necesarias en los soportes previstos», detalla el Gobierno.

De esta manera, quedan expresamente excluidas del objeto del contrato tanto la compra de espacios en medios de comunicación, que supondrá otro importante desembolso para las arcas públicas, como la realización de la evaluación post-test. El Ejecutivo socialcomunista, conformado por PSOE y Sumar, también enmarca este contrato administrativo en la «necesidad de dar respuesta al Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Consejo de Ministros en su sesión de 17 de septiembre de 2024».