Memoria Histórica

El Gobierno confesó a los Franco su temor al «altísimo coste político» de no exhumar al dictador

El Gobierno confió a la familia Franco su preocupación por no poder ejecutar la principal promesa de Pedro Sánchez durante su breve mandato.

Francisco Franco y Pedro Sánchez.
Francisco Franco y Pedro Sánchez.

El Gobierno confió a la familia Franco su temor por el «altísimo coste político» de no poder llevar a cabo la exhumación del dictador, la principal promesa del presidente Pedro Sánchez en su breve mandato.

La conversación, entre un enviado del Gobierno y un representante de los Franco, se produjo hace solo unos días. En ella, el Ejecutivo, como avanzó OKDIARIO,  trató de presionar para que la familia aceptase la exhumación del dictador y la posterior inhumación en el cementerio de El Pardo, donde también reposan los restos de su esposa, Carmen Polo.  Es decir, renunciar en definitiva a sus derechos judiciales.

La confesión revela el enorme temor de Sánchez de ver frustrado su proyecto estrella, al que confía buena parte de su argumentario de campaña. Lo cierto es que, desde hace semanas, el Ejecutivo socialista descarta ya a concretar la fecha en la que podrá sacar a Franco del Valle de los Caídos y asume como «muy difícil» que pueda ser antes de las elecciones generales del 28 de abril. Admite también que los reveses judiciales suponen un aplazamiento en sus intenciones.

Otra versión

Frente a la versión dada por el Gobierno -que calificó los contactos como un intento de negociación, como informó eldiario.es- la familia asegura que esa presunta ‘negociación’ fue, en todo momento, una imposición:  el Ejecutivo insiste en que la exhumación es irrenunciable y que el enterramiento tendrá lugar en un espacio distinto al que ellos desean, que es la catedral de La Almudena. 

Ante esas pretensiones, los familiares decidieron romper las negociaciones e insistieron en su intención de acudir a los tribunales. Su intención sigue siendo impedir la exhumación y, en su caso, poder elegir el lugar de la inhumación, es decir, la catedral de La Almudena. Ceder a las exigencias de Sánchez habría supuesto, según estas fuentes, una «rendición». 

Malestar por la filtración

Además de la nula voluntad del Ejecutivo de intentar un acuerdo, lo que más ha molestado a la familia es que decidiese romper unilateralmente la «confidencialidad» que, dicen, se les exigió de las conversaciones. Y ello, para revelarlas en una versión interesada que, afirman, no se corresponde con la realidad.

El Ejecutivo, aseguran estas fuentes, les pidió discreción sobre los contactos, en los que admitió su preocupación por el «elevadísimo coste político» de no poder ejecutar sus planes.

El Gobierno admite el retraso

Lo cierto es que los planes de exhumar al dictador se han venido retrasando durante meses, sin que actualmente exista un horizonte claro.

Cabe recordar que Sánchez llegó incluso a asegurar que la exhumación se produciría en verano. Tras varios aplazamientos, se fijó finales de año, y, más tarde, principios de 2019. Ahora, desde el Ejecutivo no se atreven a concretar una fecha. Y es más, asumen que los últimos reveses judiciales complican el calendario.

El último de esos reveses es el auto de un juez de Madrid,  avanzado en exclusiva por OKDIARIO, por el que se suspende la licencia urbanística del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que avaló la exhumación y su calificación como “obra menor” pese a tratarse de un espacio protegido. En dicho auto, el magistrado destaca, de forma rotunda, el  “evidente riesgo” para las vidas humanas de los trabajos para sacar a Franco de su tumba, que pasan, en primer lugar, por mover una losa de casi dos toneladas de peso.  

A ello, hay que añadir el recurso que la familia presentará ante el Tribunal Supremo, para lo que tiene hasta el próximo 22 de abril, y que los Franco tienen intención de agotar los plazos, con el Gobierno prácticamente a punto de entrar en funciones.

El temor del Ejecutivo socialista se percibe también en las declaraciones públicas de los últimos días.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, admitió como «muy difícil» proceder a la exhumación antes del 28 de abril, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, criticó la “obstaculización constante” de la familia Franco. Calvo renunció también a dar una fecha: “En el momento en que se pueda producir el punto final de la exhumación de los restos de Franco lo haremos”, zanjó.

El Gobierno aprobó el pasado 15 de febrero la exhumación de los restos de Franco, según el Real Decreto de octubre de 2018 y de un acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2018 por el que se inició el procedimiento administrativo.

Desde entonces, se concedió un plazo de 15 días a la familia para que señalase un lugar de reinhumación que permitiese “garantizar el orden público y la seguridad ciudadana para el necesario respeto a los derechos y libertades”, según figura en la referencia del Consejo de Ministros.

En ese mismo documento, se indica que “a falta de un señalamiento de reinhumación compatible con los parámetros legales y de orden público y seguridad ciudadana, corresponderá al Gobierno la decisión sobre el mismo”.

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