El Gobierno blinda a García Ortiz: desligará el mandato del fiscal general de la legislatura

El Gobierno aprueba este martes una reforma legal para desvincular el mandato del fiscal general del Estado de la legislatura con el fin de blindar a Álvaro García Ortiz. La modificación del Ejecutivo propone que su mandato no coincida con el del Gobierno que le nombra y que sea de cinco años, uno menos que en la actualidad. Una medida que ha despertado las críticas de la Asociación de Fiscales, que considera que la reforma es «una operación más de maquillaje de cara al exterior».

Esta medida también recoge que el cargo no será renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año, y en el caso de cese anticipado, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior. Para evitar ceses discrecionales, el Gobierno solo podrá apartar al FGE por «incumplimiento grave o reiterado de sus funciones» y previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, se prohibirá que el FGE comparezca ante el Consejo de Ministros, y cualquier comunicación entre este y el Ejecutivo «deberá constar por escrito y ser publicada».

La reforma también otorga «mayor autonomía funcional» al Ministerio Público, ya que el nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los principales fiscales pasarán a ser competencia del FGE, en lugar del Gobierno. Con vistas a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el texto prevé que la Fiscalía dirija la Policía Judicial en la investigación de delitos. Así, el Fiscal Jefe designará a los fiscales instructores y se aplicará el mismo régimen de abstención y recusación que a jueces y magistrados, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Otro de los puntos de esta reforma es el papel que se dará a la Junta de Fiscales de Sala, ya que podrá imponer su criterio al del fiscal general del Estado si cuenta con una mayoría cualificada de tres quintas partes. En materia de transparencia, se establece que las asociaciones de fiscales «no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros». Además, estas deberán inscribirse en un registro oficial que dependerá de la Fiscalía General del Estado.

Por último, la preparación de opositores por parte de fiscales requerirá autorización previa del FGE y quedará reflejada en un registro público, también dependiente de la Fiscalía General. El objetivo, según el Ejecutivo, «es evitar conflictos de interés y aumentar el control sobre esta actividad».

Críticas a la reforma

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera fiscal, considera que la reforma de la Fiscalía que pretende aprobar este martes el Consejo de Ministros es «una operación más de maquillaje de cara al exterior» que no busca reforzar la institución, sino la figura del jefe del Ministerio Público, a quien -advierte- se le otorga más poder sin suficientes contrapesos.

Así se ha pronunciado Cristina Dexeus, presidenta de dicha asociación, que considera que, de lo que ha podido leer sobre el anteproyecto del Gobierno, se trata de «una operación más de maquillaje de cara al exterior, que no refuerza a la institución como tal, sino a la figura del fiscal general del Estado». Y defiende que «no es una reforma de calado para el funcionamiento interno de los fiscales».

«Tiene muy pocas aspiraciones, muy poco ambiciosa esta reforma, muy decepcionante», sostiene Dexeus, al tiempo que incide en que no se modifica ni la estructura ni la organización interna de la Fiscalía.

A su juicio, el texto «no crea verdaderos sistemas de contrapeso dentro de la institución ante el poder absoluto del fiscal general del Estado». «Se olvida al Consejo Fiscal, se le arrincona, en lugar de darle preponderancia o de darle relevancia atribuyéndole mayores funciones de contrapeso al poder del fiscal general del Estado», añade para luego incidir en que se «refuerza mucho» la figura del jefe del Ministerio Público y se «difuminan los controles al máximo».

Sobre la reforma que permite a la Junta de Fiscales de Sala imponer su criterio al del fiscal general si cuenta con mayoría cualificada de tres quintas partes, Dexeus incide en que dicho órgano «está ahora con sobrerrepresentación de la Unión Progresista de Fiscales», de la que era miembro el propio García Ortiz.