El Gobierno de Armengol que enterró el caso de las menores prostituidas pide acoger a niñas afganas

El Gobierno de Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol, ha sido uno de los primeros en ofrecer acoger a refugiados afganos que tratan de huir del país después de la toma del poder por parte de los talibanes. Unas prisas que no tuvieron PSOE, Més y Unidas Podemos cuando votaron en contra de la creación de una comisión de investigación un mes después de que el Parlamento Europeo les pidiese explicaciones sobre la explotación de estas menores.

En las últimas horas han sido muchas las comunidades autónomas que se han ofrecido al Gobierno central para acoger a las personas refugiadas de Afganistán que lleguen a España o soliciten protección al país.

Armengol, en un ejercicio de cinismo absoluto, ha salido pronto a pedir  acoger a «niñas y mujeres» afganas. Además, el Consell aprobó una propuesta de resolución por la que insta a a Moncloa a proponer una reunión del Consejo Europeo para acordar la activación del Mecanismo de Solidaridad.

También Podemos Palma ha pedido que la ciudad sea declarada «ciudad de acogida para dar refugio y asilo político a las mujeres y niñas afganas». En una nota de prensa, la formación ha reclamado que todos los partidos del Ayuntamiento, y en especial sus socios de gobierno, se sumen a la petición.  Han instado a toda la comunidad internacional a «hacer todo lo posible por establecer un corredor humanitario», exigiendo máxima «celeridad al Estado español» para repatriar a sus ciudadanos.

El caso de las menores prostituidas

Estos gestos del PSOE y Podemos en Baleares no han pasado desapercibidos para la opinión pública, que no ha dudado en recordarles que hicieron todo lo posible para enterrar la investigación abierta por abusos sexuales a menores de edad tuteladas por centros públicos de la isla. Dieciséis niñas que fueron explotadas sexualmente pese a estar bajo el cuidado del Gobierno balear.

Aquella investigación en Baleares se cerró en falso, tras el veto de ambos partidos a una comisión para esclarecer los hechos y las responsabilidades políticas derivadas de la dejación de funciones patente en este caso.

El entonces vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, de quien dependen orgánicamente las competencias de protección de la infancia, se lavó las manos en el asunto y respondió, a preguntas del Parlamento Europeo, que aquello no iba con él. Las competencias eran de Baleares, argumentó.

El Gobierno de Pedro Sánchez también se desmarcó del escándalo de los abusos a menores tuteladas. En una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, a la que tuvo acceso OKDIARIO, el Ejecutivo de PSOE y Podemos informaba que «las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen asumidas estatutariamente las competencias en materia de protección de menores y, por lo tanto, les corresponde disponer los medios necesarios para llevar a cabo dicha protección».