El Gobierno ‘anti-puteros’ negó a la Policía durante 7 años el software contra la trata que usa Europol

El Gobierno de Pedro Sánchez, que en las últimas semanas se ha declarado abolicionista de la prostitución, ha hurtado a la Policía Nacional durante 7 años el uso del software contra la trata de personas que usa Europol para revisar con inteligencia artificial la mayor cantidad de contenido posible en las páginas web. El programa ya se usaba en 2018, cuando distintos cuerpos policiales europeos lo utilizaban en la lucha contra la trata.

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, a través de la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía, ha adquirido la «suscripción de software de inteligencia policial contra trata de seres humanos 2025» para la Dirección General de la Policía. El coste de este servicio se eleva hasta 42.955 euros, impuestos incluidos.

El contrato ha sido «negociado sin publicidad» al ser un «proveedor exclusivo», es decir, que sólo una empresa comercializa ese software. Se trata de la neerlandesa Web-IQ. «El contrato solo puede ser ejecutado por un operador económico particular debido a derechos exclusivos, como los derechos de propiedad intelectual e industrial», reza el documento de adjudicación.

Todo ello coincide con que, en las últimas semanas, el PSOE, principal partido de Gobierno, ha elevado el tono contra la prostitución tras conocerse los audios de la trama socialista en la que dos hombres cercanos a Sánchez se repartían prostitutas antes de un acto del partido: el que fuera su mano derecha y ex minsitro de Fomento, José Luis Ábalos, y el ayudante de éste, Koldo García.

Análisis de datos con IA

La empresa Web-IQ desarrolla un programa informático que, a través de inteligencia artificial «monitorea diversas fuentes de datos, como redes sociales, foros y la darkweb» que permite «abordar eficazmente los problemas de seguridad y justicia».

Concretamente, el software que han creado y que ahora utilizará la Policía, es una plataforma OSINT (Open Source Intelligence), es decir, una herramienta que utiliza fuentes abiertas para recopilar datos de forma masiva. En su página web reconocen que pueden llegar «desde canales de Telegram y redes sociales hasta foros de chat y salas ocultas en la darkweb», es decir, las páginas ocultas al público general.

Para todo ello, se usan «últimos modelos de IA» para realizar un «análisis de video, clasificación de imágenes, servicios de traducción, extracción de entidades basada en modelos de lenguaje grande (LLM)», entre otros elementos.

En definitiva, se definen como un «programa informático que busca en internet de forma metódica y automatizada». «Con esta plataforma, se puede detectar pornografía infantil y otras actividades delictivas», inciden desde la Agencia de Inversión y desarrollo para los Países Bajos del Norte (NOM).

La compañía se fundó en 2011 y, ya en 2018, cuando desarrolló el programa, extendió su presencia en su país de origen a través de la adquisición del programa por parte de 32 policías municipales «para combatir la trata de personas».

Ahora, en 2025, la compañía aseguró que había contribuido con Europol en su «sprint digital para frenar la explotación sexual de ciudadanas ucranianas». En la red social LinkedIn, Web-IQ aseguró que «estaba orgulloso y honrado de apoyar a los investigadores durante el sprint».

Lanzados contra la prostitución

El Gobierno ya adquirió para la Policía Nacional un software similar de análisis masivo de datos para «investigación e inteligencia de la tecnología», de la empresa Dars Telecom. Sin embargo, éste no estaba especializado concretamente en combatir «el abuso infantil y la trata de personas», como sí está el software de Web-IQ.

La decisión del Gobierno coincide con el resto de medidas que ha tomado respecto a la prostitución y la trata después de que se conociera que varias personas del entorno del presidente habrían consumido prostitución, según se extrae del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama del PSOE.

Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de haberse beneficiado «a título lucrativo» con esta práctica. Y es que su suegro, Sabiniano Gómez, era propietario de varias salas en las que se ofrecían servicios sexuales.

La respuesta del PSOE ha sido anunciar que en septiembre se llevaría al Congreso una propuesta normativa para abolir la prostitución. Además, también anunciaron que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) podría en marcha un sondeo «sobre la percepción social de la prostitución», con un coste de 330.000 euros.