España
'Caso García Ortiz'

García Ortiz tendrá que pagar 10.000 € al novio de Ayuso por los «daños morales» de la filtración

El fiscal general filtró un correo para atacar políticamente a la presidenta madrileña

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tendrá que indemnizar al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con 10.000 euros por los «daños morales» de la filtración de un correo para atacar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo (TS) en la sentencia que condena a García Ortiz por un delito de revelación de secretos contra González Amador.

Un delito por el que se le han impuesto dos años de inhabilitación, así como una multa de 7.200 euros.

El fallo ha salido adelante con los votos de la mayoría del tribunal: cinco magistrados a favor de la condena -Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela- y dos en contra, de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo.

El tribunal ha sentenciado el caso tan sólo una semana después de que concluyera este juicio histórico, en el que por primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados. El sentido del fallo se ha avanzado este jueves, pero la sentencia todavía no ha sido redactada. Surtirá efectos cuando se notifique formalmente.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que nombrará a un nuevo fiscal general del Estado «en los próximos días» tras la sentencia del Supremo contra el hasta ahora máximo representante del Ministerio Público.

Los fiscales pedían 6 años de cárcel

García Ortiz ha sido condenado por un delito de revelación de datos reservados, del artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados», con pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años.

González Amador pedía cuatro años de cárcel y tres años de inhabilitación para García Ortiz, que lo indemnizara con 300.000 euros por daños morales y se le impusiera una multa de 108.000 euros.

El novio de Díaz Ayuso no planteó responsabilidad civil subsidiaria para que el Estado respondiera económicamente en caso de que el fiscal general no lo hiciese. Según explicó en su escrito, lo hizo «bajo la convicción» de que «el conjunto de los españoles» no deben «responder patrimonialmente de ninguna forma (…) de las actuaciones delictivas protagonizadas por García Ortiz».

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) es la acusación que pedía la condena más alta: seis años de cárcel y 12 años de inhabilitación por delitos que van más allá de la revelación de secretos, apuntando en concreto a prevaricación.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) le imputaba revelación de secretos y reclamaba cuatro años de cárcel, tres años de suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación, y que le impusiesen 81.000 euros de multa.

La acusación popular unificada Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y HazteOir, sin embargo, lo acusaban de revelación de secretos y prevaricación y pidieron cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación.

Manos Limpias rebajó en el juicio su petición de prisión, de 4 a 3 años, al tener en cuenta que se filtraron a los medios «hechos relativos al proceso» y «datos personales» del fiscal general. En caso de que no se condenase a García Ortiz por violación de secretos, reclamaba que se le impusieran dos años de prisión e inhabilitación por el mismo delito.