La Fundación Villacisneros denuncia que en 2018 se celebraron casi 200 homenajes a etarras

En un comunicado el presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda, señala que «no podemos permanecer impasibles frente a la humillación permanente a las víctimas del terrorismo».

«Nuestras leyes de reconocimiento y apoyo a las víctimas establecen como obligación de los poderes públicos evitar la realización de actos públicos de homenaje a terroristas», añade.

La fundación solicita terminar con la impunidad de estos actos y pide para ello la implicación de la Delegación del Gobierno en el País Vasco así como la colaboración de Guardia Civil y Policía «para que sus promotores respondan ante la justicia».

En su escrito pide a la Fiscalía una serie de actuaciones para atajar la reiteración impune de actos de homenaje a terroristas en las calles y en otros espacios públicos del País Vasco.

Cumplir la ley

Concretamente reclama a la Fiscalía que requiera a la Delegación del Gobierno en el País Vasco el cumplimiento del artículo 61 de la ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Recuerda que este precepto establece que el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas encargando a los delegados del Gobierno velar por su cumplimiento para garantizar que no sean humilladas.

En su escrito la fundación pide también que se den las instrucciones pertinentes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que aporten la información de la que dispongan sobre los hechos denunciados.

Asimismo insta a la Fiscalía a que presente las querellas o denuncias correspondientes ante la Audiencia Nacional contra los promotores de estos «actos de humillación a las víctimas del terrorismo».

En opinión de Íñigo Gómez-Pineda «es intolerable que los terroristas y quienes les apoyan se rían de la ley ante la inacción de los poderes del Estado».

«España dispone de los instrumentos precisos para evitar esta humillación y aplicarlos es la obligación de cualquier Estado de derecho que se precie», agrega.

Gómez-Pineda reitera que «impedir estos actos es obligación de los poderes públicos y si no lo hacen al menos deben evitar que los mismos no sucedan sin reproche penal alguno».