La Fiscalía de Delgado mantendrá a Stampa hasta que el TSJM abra causa por su connivencia con Podemos

La Fiscalía General del Estado, dirigida por Dolores Delgado, mantendrá de momento al fiscal anticorrupción Ignacio Stampa al frente del caso Dina-Iglesias pese a que la Fiscalía Superior de Madrid le ha abierto una investigación penal por un presunto delito de revelación de secretos cometido al confabularse con Podemos para destruir a OKDIARIO y a su director, Eduardo Inda. Fuentes consultadas por este periódico explican que el momento procesal oportuno para apartar al fiscal de la causa será cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) abra un procedimiento penal en base al informe fiscal.

El Ministerio Público ha anunciado este viernes que ha incoado diligencias de investigación con el objetivo de «determinar, esclarecer y concretar los hechos denunciados» por Vox en relación al contenido de un chat privado del equipo de abogados de Podemos, que evidenciaba una confabulación y un intercambio de información secreta con los fiscales del caso Villarejo a espaldas del juez.

Esta investigación «no supone tomar postura sobre la existencia del hecho delictivo», explica la Fiscalía. «El decreto de incoación designa como instructor de las diligencias al teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, quien, una vez practicadas las pertinentes, las elevará a la Jefatura con el correspondiente resumen-propuesta», es decir, que el Ministerio Fiscal está elaborando un informe para determinar si existen pruebas suficientes para sustentar la acusación contra el fiscal y lo remitirá al TSJM, que es el órgano competente debido al aforamiento de los fiscales.

El Tribunal Supremo se pronunció en relación al aforamiento de los fiscales anticorrupción. En un auto, ponencia del presidente de la Sala de lo Penal Manuel Marchena, dictado en 2015 estableció que «para investigar los delitos cometidos en el ejercicio de los cargos a los fiscales –exceptuando fiscal general y los fiscales de Sala del TS– la competencia será, con carácter general, de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia».

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO explican que Ignacio Stampa no será apartado de la pieza separada número 10 del caso Tándem hasta que la Sala de lo Penal del TSJM –en base al informe remitido por la Fiscalía– dicte un auto de procedimiento abreviado en el que incoe diligencias de investigación contra el fiscal para determinar si existió delito.

En el caso de que se considere que Stampa cometió un delito de revelación de secretos, en el que incurre «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados» (art. 417), será castigado con una multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

«Estrategia orquestada»

La formación política liderada por Santiago Abascal denunció al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, su ex asesora Dina Bousselham, la abogada que en principio representó a ambos, Marta Flor, y el fiscal Ignacio Stampa. A los tres primeros les atribuye hasta seis delitos: denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos.

En el escrito Vox denunciaba que los mensajes del chat interno del servicio jurídico de Podemos, desvelados por El Mundo y El Confidencial, ponen de manifiesto que hubo contactos determinantes entre los abogados del partido morado y los fiscales anticorrupción que llevaban este procedimiento mientras encontraba bajo secreto de sumario.

Las charlas del equipo jurídico de Podemos demuestran que el partido de Pablo Iglesias y los fiscales anticorrupción se confabularon para beneficiar a la formación morada a la hora de que el Tribunal Supremo aplazara la sentencia del caso Granadinas para favorecer a Iglesias.

El contenido de los mensajes enviados por Marta Flor Núñez a sus compañeros demuestra que los abogados podemitas se coordinaron con los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano para preparar un escrito de prejudicialidad que suspendiera el proceso abierto en el alto tribunal sobre la cuenta en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas en la que el líder de Podemos recibió 272.325 dólares de la narcodictadura de Nicolás Maduro.

Los fiscales de la operación Tándem, por la información recibida por los letrados de la formación morada, estaban convencidos de que el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, había recibido del comisario Villarejo una copia con los datos de la tarjeta del móvil de Bousselham. Más tarde, se pudo demostrar que la acusación respondía a una versión manipulada y falsa de Podemos, pero que los representantes del Ministerio Público asumieron como buena.

Los fiscales del caso permitieron además que Iglesias fuera admitido como perjudicado en la causa y aprovechara esa circunstancia para emprender «una cruzada contra las cloacas del Estado en plena campaña de las generales de abril de 2019», según El Confidencial. Pero el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga la retención de la tarjeta de Dina por Iglesias, retiró al vicepresidente la condición de perjudicado. Ahora analiza si Iglesias pudo cometer dos delitos al devolver a su ex asesora la tarjeta SD del móvil completamente destrozada.