El fiscal que solicitó el archivo del 8-M pide ahora el carpetazo del ‘Delcygate’

El fiscal Enrique Remón Peñalver, que solicitó a la juez Carmen Rodríguez-Medel el archivo de la causa del 8-M -en la que se investigaba por prevaricación al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid José Manuel Franco- es la misma persona que ahora sale al rescate del Ejecutivo de Pedro Sánchez y solicita el sobreseimiento provisional del caso Delcy o Delcygate. Una causa que ponía entre las cuerdas a miembros del Gobierno y que planteaba la posible imputación de la mano derecha del presidente, José Luis Ábalos.

Remón Peñalver es el fiscal decano de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Firmó junto a su compañera Gloria Yoshiko la petición para abortar la investigación judicial por la autorización de la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid que instruía la titular del Juzgado de Instrucción 51, Rodríguez-Medel. El escrito señalaba que no existía el delito de prevaricación cometido presuntamente por el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

Lo más sorprendente es que esta decisión se tomó después de una reunión en la Fiscalía General del Estado a la que asistieron los dos fiscales de la causa citados y la mano derecha de Dolores Delgado: el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz. Al encuentro también asistió el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que fue el encargado de emitir un informe en contra de la admisión a trámite de las querellas interpuestas contra el Gobierno por la gestión durante la crisis sanitaria. El objetivo de esta reunión era «aunar criterios». La resolución se manifestó contraria al procedimiento que afectaba indirectamente al Gobierno de Pedro Sánchez.

Entonces, el Ministerio Público alegó en su escrito: «La única posibilidad residual que queda es considerar que el Juzgado actuante trata de dilucidar mediante la actividad instructora si el investigado hubiera podido cometer una prevaricación omisiva derivada de la posible existencia de una hipotética orden emitida por el Gobierno de España que el Delegado del Gobierno tuviera inexorablemente que cumplir; debe, no obstante, resaltarse que la hipótesis lanzada en el auto de admisión a trámite de la denuncia, no encuentra apoyo en dato indiciario alguno».

Sale al rescate de nuevo

El fiscal Remón Peñalver sale al rescate del Gobierno otra vez. En esta ocasión para dar carpetazo al caso Delcy o Delcygate en el que se investigaba, por posible prevaricación, el encuentro entre José Luis Ábalos, ministro de Transportes, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, el 20 de enero en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La número dos de Maduro tiene prohibida su entrada en la Unión Europea por las sanciones que pesan sobre Venezuela debido a las violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en el país.

La firma de Remón Peñalver aparece plasmada en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO junto a la rúbrica de la fiscal Olga Muñoz Mota.

En este escrito de 11 folios sibre el Delcygate, remitido al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, del que es titular el juez Antonio Serrano-Arnal, solicita el archivo de las denuncias y querellas presentadas por el Partido Laócrata, Vox y el Partido Popular por delitos de prevaricación. El partido de Santiago Abascal, además, se querellaba contra Koldo García Izaguirre, consejero de Renfe, y otros funcionarios por otros tres delitos: omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y usurpación de atribuciones.

Sin embargo, la Fiscalía de Dolores Delgado –antes ministra de Justicia con Sánchez– arguye que no existe el delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en el Delcygate porque la vicepresidenta de Venezuela «no hizo valer su prerrogativa de uso de sala de autoridades, ni manifestó su intención de entrar en territorio Schengen, permaneciendo en la sala de la terminal de aviación ejecutiva (que como todos los espacios cerrados que preceden al paso por los controles policiales de frontera tiene la consideración de zona de tránsito aeroportuario) hasta que embarcó en otro vuelo.»

En cuanto al delito de desobediencia indica que en el «presente caso» no es de aplicación porque se exige la existencia de un mandato directo «que, en el supuesto que nos ocupa, se nos oculta cuál podría ser y quién podría haberlo emitido». Por último, rechaza también imputar un delito de usurpación de atribuciones a las personas denunciadas porque «no se explica en la querella cómo habrían de incardinarse las conductas que se describen en el citado precepto, cuyo bien jurídico de protección es garantizar la independencia entre los diferentes poderes del Estado».