Marlaska no sabrá el nombre de quien se manifieste contra Sánchez accediendo a las IPs de los móviles sin autorización judicial

Los tentáculos del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siguen avanzando. Y el del control y acceso a los móviles también. El Gobierno ha encontrado en el pretexto de la necesidad de control público por motivo del coronavirus la disculpa perfecta para poder tomar el control público de los mensajes que puedan ser remitidos a la ciudadanía. Lo hará a través de una norma diseñada para controlar el orden público en las calles y las comunicaciones en la asistencia a concentraciones. La nueva norma permite asumir al Estado y al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de forma excepcional y transitoria siempre que se dé una circunstancia: la existencia de un riesgo objetivo y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.

¿Cuál es el problema? Que en estos momentos, el Covid-19 abre de par en par una disculpa para esgrimir sin problemas esas condiciones y pasar a controlar e invadir servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram con el fin de evitar daños por concentración o para difundir mensajes en situaciones de emergencia.

El anteproyecto que tramita este poder para el departamento de Fernando Grande-Marlaska es el de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Esa norma incluye esta posibilidad para los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales cuando tengan la obligación de transmitir alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.

Cláusula

Pero el Gobierno ya ha incorporado una cláusula que permite el acceso directo de la Policía: porque en esos casos excepcionales, podrá ser el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska el que asuma la gestión directa o la intervención de cualquier infraestructura, recurso o elemento de la red o del servicio que resulte necesario para preservar el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.

Es más, en caso de incumplimiento de estas obligaciones de servicio público, de nuevo el Gobierno puede asumir la gestión directa o intervenir los servicios o la explotación de las redes.

Este acceso implica un trámite necesario previo: un informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Y la decisión de intervenir la puede impulsar el Gobierno por propia iniciativa o a instancia de una administración pública competente, como, por ejemplo, el Ministerio del Interior. Es más, el uso de las telecomunicaciones, en los ámbitos del orden público, la seguridad pública, la seguridad vial o la protección civil, incluye una anotación expresa que destaca que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cooperará con el de Interior y con los órganos responsables de las comunidades autónomas con competencias en la materia.

Por si fuera poco, el texto legal regula el servicio de comunicaciones de emergencias y se recoge la posibilidad de usar los datos de localización del que realiza la llamada, así como la posibilidad de implementar un sistema de alertas públicas.

Caceroladas

Hay que recordar que ya el Plan de Desescalada Covid-19, remitido internamente a la Policía por la Dirección General del Cuerpo y al que tuvo acceso OKDIARIO, recogía ya una orden de presencia extra de dotación policial y una actitud especialmente activa de los policías en las calles en las horas destinadas a hacer deporte durante el estado de alarma. Y que esas horas y periodos fueron justo los que coincidieron con las caceroladas contra el Gobierno que se celebraban a las 21:00 horas de cada noche durante el confinamiento.

La orden partió del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y pedía un refuerzo extra en esas franjas de protesta contra el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

En aquella época, a todos los agentes se les comunicó igualmente la prohibición expresa de manifestaciones en las calles. Ambas instrucciones unidas del Ministerio de Grande-Marlaska implicaban que esos grupos reforzados de agentes no tenían más remedio que actuar frente a cualquier indicio de un posible foco de manifestación. Justo lo que buscaba Sánchez para disuadir de las protestas en las calles.

El documento del citado plan policial interno recogía ese reforzamiento policial, tanto para la fase 1 como para la fase 2 del estado de alarma. Es decir, que se extendió, en principio, hasta el 8 de junio, algo tremendamente exagerado a la vista de la permisividad normativa con, por ejemplo, los conciertos musicales de hasta 200 personas, ya autorizados en las zonas en fase 1. La norma permitiría igualmente identificar, por ejemplo, concentraciones antes residencias privadas como la de Pablo Iglesias, siempre que se considerase un riesgo grave por concentración.

Por comunicación de Maldita hemos suprimido del anterior texto determinadas valoraciones por considerarlas erróneas. Además de ello, se ha modificado el titular a los efectos indicados por Maldita y de acuerdo a los siguientes puntos:

1. El Gobierno no puede saber por la nueva ley de Telecomunicaciones qué personas participan en una manifestación accediendo a su dirección IP a través de WhatsApp

2. La ubicación no se puede conocer sin autorización judicial

3. Por triangulación no se puede acceder a una dirección IP

4. La «intervención» a servicios de mensajería como WhatsApp se refiere al envío de alertas en casos de emergencia y la capacidad para intervenir infraestructuras digitales se fijó por decreto ley en noviembre de 2019