El ex jefe de la SEPI declaró al juez que el chat de la trama era «de amigos» pese a estar en Signal

Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), declaró ante el juez de la Audiencia Nacional que el grupo de chat investigado en la trama de presuntos amaños de contratos públicos era «de amigos», pese a que las comunicaciones se realizaban a través de Signal, una aplicación de mensajería ultrasegura.

La afirmación ha sorprendido a las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, especialmente porque sus dos coimputados, Leire Díez y Antxon Alonso, optaron por no declarar durante su puesta a disposición judicial. Consideraban que no tenían toda la información sobre por qué se les investigaba. Sólo les habían dado cuatro folios con los cinco contratos presuntamente amañados.

Fernández Guerrero, quien presidió la SEPI entre 2018 y 2019, fue el único de los tres investigados que decidió prestar declaración tras pasar 72 horas detenido. Su decisión ha llamado la atención de los observadores jurídicos, dado que contaba con una abogada defensora que llegó tarde y no estuvo antes. Es una letrada diferente a Alfonso Martínez Escribano, el que le salvó de la condena en el caso Aznalcóllar, del que ha sido absuelto hace apenas unos días con una sonada condena en costas a las acusaciones por supuestamente ser imprudentes.

El antiguo protegido de la ministra María Jesús Montero y ex directivo de la empresa Servinabar –propiedad al 45% de Santos Cerdán-, se enfrentó a una petición de delitos por los que le piden 19 años de cárcel. Durante su comparecencia judicial en la fase de instrucción el ex alto cargo de la Junta de Andalucía con el PSOE defendió sus contactos telefónicos con empresarios  interesados en la adjudicación de la mina Aznalcóllar como parte de sus funciones, asegurando que «todos, todos, en cualquier momento» disponían de «mi teléfono móvil, mi correo electrónico».

Mensajes a funcionarios

Durante su comparecencia en la Audiencia Nacional, la fiscal le mostró conversaciones en las que se dirigía a funcionarios de mesas de contratación. Fernández ha enmarcado estos mensajes en simples consultas y ha negado que se tratara de presiones o promesas de sobornos o amaños en los procedimientos administrativos.

El ex presidente de la SEPI manifestó que no recordaba a ciencia cierta que esos mensajes existían. Aunque los tenía la UCO no sabían si eran ciertos o no, ya que no recordaba sus mensajes de hace años.

Se trata de comunicaciones que aparecieron en el teléfono móvil de Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cuando la UCO registró su casa y empresas en junio en el marco del caso Koldo en el Tribunal Supremo. También localizaron 16.180 euros en efectivo repartidos en paquetes de billetes de diferente cantidad y colocados en una mochila color negra debajo de la cama.

Al detectar indicios de nuevos delitos, el caso pasó a la Fiscalía Anticorrupción, que presentó la semana pasada una querella en la Audiencia Nacional. Ese mismo día se han producido las entradas y registros, así como las detenciones de los tres investigados. Las detenciones se llevaron a cabo, según los agentes, precisamente para evitar que se entorpezcan los registros, cuyos materiales serán objeto de un minucioso análisis por parte de la UCO los próximos meses.

Se esperaba que en estos días se levantase el secreto de sumario para que los investigados conozcan la querella de la Fiscalía y el informe de la UCO que detalla las presuntas irregularidades cometidas. Sin embargo, el juez avisó que el secreto se alzaría con todas las diligencias estén finalizadas, por lo que no se descartan nuevos registros ligados a funcionarios.

Igualdad de armas

El juez Antonio Piña, que atendió inicialmente el caso por encontrarse de guardia, avanzó a las partes que «iban a caer funcionarios». Ahora, el juez instructor que se ha hecho cargo de la investigación por reparto ha sido Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5.

La fiscal disponía de un amplio informe de la UCO. Las defensas han alegado que no existe igualdad de armas procesales, dado que no han tenido acceso a la documentación completa antes de las declaraciones.

Grupo ‘Hirurok’

La investigación de la Guardia Civil ha atribuido a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario vasco Antxon Alonso la integración en un grupo organizado denominado Hirurok —que significa en vasco «los tres juntos»— para amañar al menos cinco contratos en administraciones públicas por un importe total de 132.955.664 euros.

Los investigadores les han imputado haber cobrado diversas comisiones, que ascienden a unos 700.000 euros, a cambio de orientar expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros. Las actividades investigadas se sitúan «al menos en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023». Sin embargo, ese dinero no estaría en las cuentas corrientes de los investigados y se sospecha que podría estar en paraísos fiscales.

El grupo habría canalizado las comisiones principalmente a través de una mercantil llamada Mediaciones Martínez SL, ahora rebautizada como Promociones Inmobiliarias Ku-Ma SL. Los investigadores han documentado que los tres imputados han creado un grupo con el nombre Hirurok [en vasco, nosotros tres] para intercambiar estrategias y coordinar sus actuaciones.

Entre las operativas investigadas destaca el supuesto amaño del rescate con fondos públicos de la empresa vasca de tubos de acero Tubos Reunidos. La compañía ha sido rescatada por un importe superior a 100 millones tras esgrimir su situación financiera crítica como consecuencia de la pandemia y su carácter estratégico. Las defensas creen que ninguno de los tres investigados tienen capacidad de orientar esa decisión gubernamental saltándose los controles del Congreso, la Intervención, el Tribunal de Cuentas y un sinfín de funcionarios.

La investigación dice que el grupo ha operado con la más estricta discreción y confidencialidad. En el contexto de su actividad, se ha podido acreditar que los investigados habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones. Ahora esas medidas quedan en entredicho tras confiscar los teléfonos.