El ex nº 2 de Adif justifica el enchufe de la ‘odontóloga’ Jésica: «No queríamos perder sus conocimientos»

El ex subdirector de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar, ha defendido este miércoles ante el Tribunal Supremo que José Luis Ábalos se involucró personalmente en la renovación del contrato de Jésica Rodríguez, su entonces amante. Adif quería renovar el contrato laboral porque no querían «perder el know how –sus conocimientos–» de una empleada que, según reconoció ella misma el martes ante el mismo tribunal, no fue a trabajar ni un solo día.

La declaración del ex alto cargo ha sido uno de los momentos más comprometedores de la segunda jornada del juicio por el caso mascarillas, que se celebra en la Sala Penal del Supremo a lo largo de todo el mes de abril.

Zaldívar ha reconocido que la presidenta de Adif le trasladó que el entonces ministro de Transportes había llamado personalmente para quejarse de que en Ineco estaban «molestando» a Jésica. El motivo de las molestias era prosaico: la supervisora de Tragsatec Virginia Barbancho insistía en que Rodríguez rellenase sus partes de trabajo. La queja llegó hasta el despacho ministerial y volvió convertida en orden.

Jésica Rodríguez estuvo contratada como auxiliar administrativa en Ineco entre marzo de 2019 y diciembre de 2021, periodo en el que cobró 34.477 euros. Posteriormente pasó a Tragsatec, otra empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, donde estuvo otros seis meses y percibió 9.554 euros adicionales. En total, más de 44.000 euros públicos por un trabajo que, según sus propias palabras, nunca llegó a realizar.

Contratación irregular

El ex subdirector ha admitido haber mantenido correspondencia por correo electrónico con Jésica Rodríguez, de quien ha dicho que mostraba un «carácter altivo y soberbio».

Aun así, ha defendido que eso no impedía que confiaran en ella para tareas administrativas en proyectos ferroviarios. Un argumento que choca con la realidad descrita por la propia Jésica: «No hacía nada», declaró el martes.

Barbancho había relatado la víspera ante el tribunal que recibió el currículum de Jésica de manos del propio Zaldívar. «Era especial por sus contactos», dijo el ex directivo. Supo que se trataba de una persona próxima al entorno del ministro. No obstante, asegura ahora que nunca la llamó «la sobrina de Ábalos» o «la sobrina de Koldo» a pesar de que en documentos internos aparecía como «sobrina ministro». 

Cuando presionaron demasiado para que la empleada cumpliese con sus obligaciones, llegó el mensaje desde la presidencia de Adif: «Me dijeron que había que dejarla en paz».

Zaldívar ha asegurado que no le «consta» una conversación con Barbancho, y ha negado además recordar haberse referido a Jésica como «sobrina del ministro» en sus comunicaciones con otros directivos. La contradicción entre ambos testimonios ha quedado en el aire, a la espera de que el tribunal la deshilache.

El puesto que ocupaba Jésica Rodríguez era el escalafón más bajo del proyecto: administrativa con menos de cinco años de experiencia, cuyas funciones se limitaban al uso de ofimática. Un perfil poco susceptible de atesorar ese conocimiento tan valioso que justificase la intervención personal de la cúpula de Adif para preservarlo. El comentario sobre el know how ha causado hilaridad en el Supremo.

En los partes de trabajo de Jésica figuraba de forma recurrente la fórmula «trabajos administrativos para Joseba García», en referencia al hermano de Koldo García, también empleado en Ineco. El propio Koldo le escribió en octubre de 2019: «Queremos que los partes los haga Joseba». Joseba García, por su parte, declaró el martes que «ni la contraté ni solicité su contratación ni la conocía de nada».

Este juicio juzga a Ábalos, a Koldo García y al empresario delator Víctor de Aldama por presuntos delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. Ambos se encuentran en prisión preventiva en Soto del Real desde noviembre de 2025.

El caso arranca en el contexto de lo peor de la pandemia, cuando el Gobierno adjudicó contratos millonarios para la compra de mascarillas a empresas vinculadas a Aldama. Las contrataciones irregulares de Jésica Rodríguez y de Claudia Montes —la ex Miss Asturias que también mantuvo una relación de amistad con Ábalos— constituyen una de las ramas del procedimiento y apuntan a una red de favores que alcanzó las más altas esferas del Ministerio de Transportes.

La secretaria general de Ineco, Amparo Monterrey, había declarado en la sesión de la mañana que para la empresa «Jésica prestaba sus servicios» y que fue una «sorpresa» descubrir lo contrario cuando la propia implicada lo confesó ante el juez instructor, Leopoldo Puente.

Lo que ha emergido en esta segunda jornada es un retrato de connivencia institucional en cascada: cada eslabón de la cadena afirma haber ignorado lo que ocurría, pero todos, cuando aprietan, señalan en la misma dirección. En esa dirección, según la Fiscalía, se encuentra el despacho del ministro. Y, al parecer, también su teléfono móvil.