La esposa del alto cargo de Ribera detenido por Forestalia acusa al Gobierno de usarla como «cabeza de turco»

La esposa de Eugenio Domínguez, ex subdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio para la Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera y detenido por la UCO medioambiental en el marco de la trama Forestalia, ha roto su silencio en una conversación telefónica con OKDIARIO.

En ella, en activo a pesar de tener 67 años, niega con vehemencia las informaciones publicadas sobre su empresa y el supuesto regalo de un vehículo de lujo, asegura que su marido ha quedado atrapado en «una mierda de corrupción de este Gobierno» y anuncia que con su abogado emprenderán acciones legales contra quienes, a su juicio, la han convertido en diana de una campaña de intoxicación informativa.

La mujer, visiblemente molesta, asegura haber perdido la confianza en lo que se publica. A pesar de los informes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, niega cualquier irregularidad.

Sin entrar en el supuesto modus operandi de informes de impacto ambiental fantasma, la mujer de Eugenio Domínguez niega que se haya hecho rica con estas operaciones.

El último detonante ha sido la información extraída del sumario, según la cual dispone de un coche Mercedes Benz GLC 300 valorado en 80.000 euros tras los favores prestados por su marido en expedientes de impacto ambiental vinculados a proyectos de energía renovable.

La interlocutora lo rechaza de plano: «Se ha publicado que me han regalado un coche y en realidad lo estoy pagando con un leasing desde mi empresa».

La mercantil a la que alude la mujer de Domínguez se constituyó –Estudio de Asesoramiento Dherco SL–, según consta en el Registro Mercantil, en julio de 2023, fecha que coincide con el periodo de mayor actividad investigadora de la UCO sobre los contratos de Forestalia con el ministerio.

Los investigadores afean que «llama la atención el objeto social de la empresa, que abarca desde el diseño y reformas de interiores, hasta las relacionadas con evaluaciones de impacto ambiental». La interlocutora de OKDIARIO defiende que sí realiza su trabajo correctamente.

La investigada insiste en que sus cuentas y contratos son públicos y auditables: «Mis cuentas son públicas.  Está todo correcto», espeta en la llamada, aunque declina profundizar porque, dice, su abogado le ha recomendado hablar con la prensa.

La sociedad, cuyo objeto social se encuadraría en el sector de la decoración de interiores, aparece en los informes de la UCO como vehículo para canalizar comisiones ilegales vinculadas a decisiones adoptadas desde la subdirección que encabezaba su marido.

Eugenio Domínguez fue detenido en el marco de una operación que investiga si funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica recibieron dádivas de la empresa Forestalia —promotora de grandes parques eólicos y solares— a cambio de agilizar o favorecer declaraciones de impacto ambiental.

La propia interlocutora alude a esas declaraciones cuando el periodista le pregunta si podría explicar si las declaraciones de impacto ambiental eran correctas. Ella no lo desmiente, pero lo enmarca en lo que describe como una persecución política: «A mi marido le pilla todo esto en medio de toda una mierda de corrupción de este Gobierno y ya está. Se acabó».

Corrupción del Gobierno

Frente a esa tesis, el periodista le señala que precisamente eso —demostrar la connivencia gubernamental— es lo que la investigación debería esclarecer. Ella anuncia que hablará en el futuro para aclarar las insidias que se están publicando. «Todo es para partirse de risa por no llorar por las falsedades que están saliendo», agrega.

La mujer califica de «cosas absolutamente estúpidas» algunas de las informaciones publicadas. Se describe a sí misma como «una persona absolutamente decente» y sin vínculos con el PSOE.

La expresión «cabeza de turco» es la que ella misma suscribe para definir su papel en el caso. Es, quizás, la imagen más reveladora de toda la conversación: una mujer que, desde el otro lado del teléfono, pugna por disociar su nombre del escándalo mientras la instrucción judicial avanza impertérrita, ajena a proclamas de inocencia y a promesas de querella.