La empresa estatal de mercados de abastos expedientada por infracciones en la protección a denunciantes de corrupción
La Autoridad Independiente de Protección del Informante ha solicitado el inicio de un expediente sancionador contra la Sociedad Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa). Ha concluido que la empresa pública ha podido cometer tres infracciones graves de la ley que protege a quienes denuncian corrupción e irregularidades, en la gestión de las quejas de una persona de su plantilla.
Tal como desvela OKDIARIO, la decisión, firmada en Madrid el 21 de octubre de 2026 por Manuel García Prieto, director del Departamento de Protección del Informante, afirma que concurren “indicios suficientes de la posible comisión de infracciones de la Ley 2/2023 en la gestión del Sistema Interno de Información de la entidad”.
El organismo va más allá de confirmar sus sospechas iniciales. Según el texto, la investigación “no sólo no ha desvirtuado los indicios apreciados en fase preliminar, sino que los ha reforzado a partir de la propia documentación aportada por la entidad”.
Las infracciones afectan a la limitación de las garantías del informante, a la vulneración de la confidencialidad y a la falta de medidas para preservarla, siempre “sin perjuicio de la calificación definitiva y de la determinación de las personas responsables”.
Canal de denuncias defectuoso
El origen del caso se remonta a inicios de año. Ese día, la persona informante envió por correo electrónico a la Secretaria General y del Consejo, que preside el Comité de Cumplimiento de Mercasa, una denuncia por la posible filtración de datos de una queja por acoso laboral presentada en febrero de 2025.
No utilizó la plataforma del canal interno porque consideraba que su gestión estaba comprometida. Meses después presentó, ya por esa vía, una segunda comunicación sobre posibles accesos indebidos y conflictos de interés en la tramitación de la primera. Ante la falta de respuesta, acudió al canal externo de la Autoridad, que analiza el caso desde septiembre.
El expediente describe una auténtica madeja de órganos, comisiones y despachos externos en el que la denuncia ha ido pasando de unas manos a otras sin encontrar salida. La Autoridad subraya que, “pese a la declaración de conflicto de interés del propio órgano Responsable del Sistema, este continuó gestionando las comunicaciones de la persona informante”.
Un correo acredita que la primera denuncia se trasladó a un despacho externo junto con otras que había enviado el entonces gestor del sistema. Ese gestor formaba parte de la representación empresarial del Comité de Seguridad y Salud, al que la propia denuncia atribuía la vulneración de la confidencialidad.
Además, la empresa ha reconocido que otros miembros del órgano responsable fueron informados de los hitos del procedimiento. Entre ellos figuran la vocal jefa de Personal, mencionada en la denuncia, y el delegado de Protección de Datos, adscrito al área jurídica donde, según la persona informante, se habría conocido indebidamente su queja.
Para la Autoridad, ese simple aviso ya es una falta: “La puesta en conocimiento de la existencia y tramitación de una comunicación a personas afectadas por ella constituye, por sí misma, una afectación de las garantías de confidencialidad”.
Mercasa había pedido el archivo y atribuido a la propia persona informante la difusión de sus denuncias. La Autoridad ha rechazado el argumento: esa circunstancia “carece de relevancia a los efectos del presente expediente”, porque la confidencialidad obliga al sistema, no a quien denuncia.
La empresa también ha solicitado el criterio del organismo sobre si suspender, continuar o archivar su investigación interna. La respuesta ha sido tajante: la ley “no atribuye a esta Autoridad una función consultiva en el seno de las actuaciones de comprobación”.
La decisión “no es recurrible en vía administrativa ni en vía contencioso-administrativa”, y el caso pasa ahora al órgano competente para instruir el procedimiento sancionador.
La Ley del Informante, aprobada el 20 de febrero de 2023, obliga a las entidades del sector público a contar con canales internos seguros, independientes y confidenciales. En el caso de Mercasa, la paradoja resulta difícil de ignorar: el canal concebido para proteger a quien denuncia ha terminado, él mismo, convertido en objeto de denuncia.
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