Denuncian al ‘número 2’ de la Policía por la operación encubierta de los Geos en Bolivia

El director de Apoyo Operativo (DAO), José Ángel González Jiménez, nombrado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, ha sido denunciado ante los Juzgados de Plaza de Castilla por delitos de prevaricación administrativo y malversación de caudales públicos. La denuncia le señala como el responsable del operativo policial llevado a cabo en la Embajada de México en La Paz (Bolivia) cuando agentes GEO intentaran entrar sin autorización y «encapuchados».

El escrito, presentado por Miguel Bernad, secretario general del sindicato ‘Manos Limpias’, narra los acontecimientos ocurridos el pasado 27 de diciembre cuando la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, se presentó en la Embajada de México cerca de las ocho de la mañana de ese viernes, día acordado para visitar a la embajadora mexicana en La Paz, María Teresa Mercado.

Borreguero iba acompañada del cónsul Álvaro Fernández y de agentes de policías «encapuchados». La intención, presuntamente, era liberar de la Embajada mexicana a una decena de altos cargos del Gobierno de Evo Morales que actualmente se encuentran asilados. Esta operación se frustró después de que ciudadanos de a pie, que custodian la Embajada para evitar que los ex altos cargos de Evo Morales huyan, alertaron de la presencia de «encapuchados» que intentaban entrar en el interior.

La ministra de Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, denunció públicamente que las autoridades bolivianas frenaron «el ingreso de los vehículos de diplomáticos españoles a las instalaciones, toda vez que la presencia de encapuchados representa una potencial amenaza». También, el delegado presidencial del Gobierno boliviano que ahora forma parte del Ejecutivo de transición de Jeanine Áñez, Jorge «Tuto» Quiroga, manifestó: «eran rambos encapuchados y cargados de artillería. Sospechamos que era un operativo para sacar a los delincuentes».

Prevaricación y malversación

El escrito expone que el director del DAO ha cometido presuntamente un delito de prevaricación administrativa de funcionarios públicos contemplado en el artículo 404 del Código Penal que dice así: «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años».

Y un supuesto delito de malversación de caudales públicos recogido en el artículo 432 del Código Penal que «pueden ser no sólo aquellas autoridades o funcionarios a los que se le encomienda específicamente la custodia de dichos caudales, sino también todos aquellos que tengan competencias para adoptar decisiones que se traduzcan en disposición de los mismos».

Por todo ello, el denunciante solicita que se practiquen diligencias de investigación y se llame a declarar a los policías «encapuchados»; a la encargada de negocios de la Embajada española, Cristina Borreguero; al cónsul Álvaro Fernández; al delegado presidencial del Gobierno boliviano, Jorge «Tuto» Quiroga, entre otros.