Delgado maniobra para frenar la investigación del contrato que permitió a Junqueras salir en libertad

La nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no ha tardado en hacer uso de su posición. Fuentes próximas a la Fiscalía señalan a OKDIARIO que la titular del Ministerio Público habría dado indicaciones a la Fiscalía catalana para retrasar la investigación del contrato que ha permitido a Junqueras salir de la cárcel.

El pasado 28 de febrero, la entidad Convivencia Cívica Catalana presentó una denuncia contra el ex vicepresidente de la Generalitat por un presunto delito de «quebrantamiento de condena» al entender que su vínculo laboral con la Fundación Balmes –entidad gestora de la universidad a la que el líder de ERC acude como docente en sus salidas de prisión– podría violar la inhabilitación que pesa sobre Junqueras tras la sentencia del 1-O. El hecho de que dicha entidad se financie con fondos públicos de la mano de la Generalitat de Cataluña hacía sospechar de una grave irregularidad que está siendo investigada en un juzgado de Vic.

«Es notorio» que Junqueras, reza el escrito admitido a trámite, «ha sido condenado a la pena de inhabilitación, por lo que no puede ser contratado por ningún ente que forme parte del Sector Público, siendo además obsceno que lo sea para obtener privilegios penitenciarios y por la propia Administración Pública que utilizó para perpetrar los hechos por los que está condenado».

Por su parte, la Fiscalía trabaja en la preparación sendos informes para oponerse a la concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que permitió al líder de ERC salir en libertad , tres días por semana durante 6 horas, para dar clases, pese a que no ha cumplido ni una cuarta parte de la condena de 13 años que le impuso el Supremo por sedición y malversación. El primero de ellos, contra la decisión de la juez de vigilancia penitenciaria que autorizó los permisos. El segundo, también negativo, con las conclusiones de su investigación sobre la naturaleza jurídica del contrato de Junqueras.

Sin embargo, con Delgado al frente del Ministerio Público las cosas han empezado a complicarse para los fiscales catalanes. La ex ministra de Justicia no es partidaria de indagar en esta última cuestión y habría dado indicaciones a sus subordinados para ralentizar las alegaciones que deben presentar ante el juzgado de Vic y determinar si el contrato formalizado entre Junqueras y la Fundación Balmes, para que el golpista pueda disfrutar de su actual régimen de semilibertad, es legal.

Las presiones sobre la Fiscalía catalana tratan de evitar una posición incómoda del Gobierno socialcomunista frente al separatismo y difícil de explicar en el marco del tono dialogante y conciliador de Sánchez, en plena ‘mesa bilateral’ con ERC y JxCat a los que el socialista necesita para aprobar sus presupuestos generales.