Delgado asigna las querellas contra el Gobierno por el Covid al fiscal que investiga a Juan Carlos I

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha nombrado al fiscal que investiga a Juan Carlos I, Juan Ignacio Campos, para que establezca un criterio común sobre las 51 querellas y denuncias contra los miembros del Gobierno por la deficiente gestión del Ejecutivo durante la crisis sanitaria por el Covid-19. Lo hará junto al teniente fiscal Luis Navajas y la fiscal de Sala Pilar Fernández Valcarce.

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO explican que el dictamen de la Fiscalía será remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debido a la condición de aforado de los querellados, durante la tercera semana de septiembre. Aproximadamente a partir del 21 de este mes.

El informe está en manos del teniente fiscal y en los próximos días, una vez que se reincorporen el resto de los miembros del Ministerio Fiscal tras el periodo vacacional, se reunirá con los otros dos fiscales de Sala (Fernández Valcarce, delegada en materia de ‘Tutela y Protección de los Intereses de las Víctimas’ en el proceso penal, y Juan Ignacio Campos, delegado en materia económica) para valorarlo y establecer un criterio común.

Por el momento, según explican las mismas fuentes, la Fiscalía de Delgado se inclina por rechazar las investigaciones al no apreciar indicios de delitos. Las querellas y denuncias se han estudiado de manera individual, pero dado que los diferentes escritos comparten la base legal que los han motivado, las resoluciones presentarán importantes similitudes.

El fiscal del Rey

Juan Ignacio Campos será una pieza clave para determinar si se muestra favorable a la admisión a trámite de las querellas y denuncias interpuestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y otras autoridades por diferentes delitos: prevaricación, homicidio imprudente, imprudencia grave, delito contra la seguridad de los trabajadores, lesiones imprudentes y omisión del deber de socorro.

Este fiscal fue fundador de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

El fiscal tiene un perfil progresista y ocupa el puesto más alto dentro del escalafón de esta carrera como fiscal de Sala del Tribunal Supremo desde 2005, además de ejercer de delegado en materia de delitos económicos. Aprobó a la primera la oposición a juez y fiscal, en aquel momento era única.

Fiscal desde 1978 -en unos meses cumple los 70 años, aunque puede ejercer hasta los 72- Juan Ignacio Campos fue destinado a Barcelona hasta 1982 y posteriormente fue destinado a Madrid, donde en 1990 alcanzó el puesto de teniente fiscal. En 1994 fue nombrado fiscal de la secretaría técnica y sólo dos años más tarde accedió al Supremo, siendo de los fiscales más jóvenes en alcanzar el alto tribunal.

Ahora, la fiscal General del Estado le ha puesto al frente de una de la investigaciones más importantes que ha desembarcado en la FGE: la investigación contra el emérito. Campos tendrá que dilucidar si Juan Carlos I pudo cometer un delito de fraude o blanqueo de capitales al ocultar, a través de sociedades opacas en paraísos fiscales, las comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011. Fuentes del entorno del fiscal aseguran que defiende restaurar la República. Otros conocidos desean que esto no influya en su trabajo de investigación.

Por el momento, no existe una investigación penal contra el que fuera jefe del Estado sino un estudio de la documentación remitida desde Suiza por el fiscal Yves Bertossa. Para judicializar el caso la fiscalía debería articular una querella y remitirla al Tribunal Supremo. Después, el Alto Tribunal tendría que admitirla a trámite y abrir una investigación.

Campos también estuvo al frente del caso Noós junto al fiscal Pedro Horrach que terminó con Iñaki Urdangarin en prisión. Fue el primer caso que afectó a la Corona.

También ha llevado muchos asuntos de terrorismo de ETA y coordinó la labor de la Fiscalía de este órganos en causas como la del caso Malaya por corrupción urbanística en Málaga o el caso Gürtel, actualmente pendiente de casación en el alto tribunal y que ya tocó con ocasión del interrogatorio al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en calidad de aforado por su condición de senador.